PLAYA DEL CARMEN, MX: La presidenta municipal, Cristina Torres Gómez, confió que tras la aprehensión de Mauricio Rodríguez Marrufo (ex secretario estatal de Desarrollo Urbano y Vivienda, SEDUVI), caerán los primeros funcionarios de la administración de Mauricio Góngora Escalante.
“Estamos seguros que en breve estarán obsequiando las órdenes de aprehensión contra quienes puedan ser presuntos responsables en el caso específico de Solidaridad”, manifestó en entrevista.
La justicia llegará
“Creo que es la primera de muchas órdenes de aprehensión que serán obsequiadas, confío en que la justicia va llegar; agradezco la confianza y la espera que tiene la gente de Quintana Roo y Solidaridad que, sabemos, hay insistencia. Pero si se conforman de manera correcta las carpetas de investigación, hay menor posibilidad de que se sustraigan a la acción de la justicia estas personas”, añadió.
Como se recordará, el viernes pasado Mauricio Rodríguez Marrufo fue detenido en la ciudad de Cancún, al estar señalado por la presunta venta ilegal de predios que eran parte del patrimonio estatal, cuando formó parte del gabinete de Roberto Borge Angulo.
En el caso de Solidaridad, la alcaldesa recordó que ya presentaron cuatro denuncias en contra de la pasada administración de Mauricio Góngora Escalante y Rafael Castro Castro (como presidente interino).
“Y vendrán varias, y ampliaciones de éstas que se han presentado por diferentes delitos como daño patrimonial, daño a instituciones privadas en las que el Ayuntamiento, de manera indirecta se vio involucrado; ejercicio indebido de la función pública, uso de recursos federales de manera indebida; hay varios tipos de acciones penales que pudieran estarse configurando”, resumió.
Aclaró que hay muchos actos que son subsanables pues se hicieron por omisiones o por una administración incorrecta que no cae en daño patrimonial. “Pero primero hay que desahogar esas carpetas, hay funcionarios, sobretodo en Servicios Públicos donde tenemos irregualridades muy fuertes, que se ven implicados en distintas carpetas de investigación de la Controloría”.
En este sentido, indicó que hasta que no se desahoguen todas, no se podrá decir si se configura o no un hecho probablemente penal.
Para ello, los implicados tendrán su derecho a audiencia como lo establece la ley, para desahogar sus pruebas y subsanar y/o comprobar dónde se realizaron los servicios, dónde fueron ejecutados, por qué se contrato a tal o cuaL empresa, cuál fue la dinámica, entre otras.
“Vencidos los plazos, si no se presentan las pruebas necesarias, se fincará responsabilidad”, advirtió Cristina Torres, “se harán más hechos penales”.
También te puede interesar: Giran órdenes de aprehensión contra gabinete de Mauricio Góngora
Finalmente, comentó que con relación a la última denuncia interpuesta (por malversación de fondos) posiblemente se amplíe porque tiene que ver con daños al patrimonio municipal, por alrededor de los 20 y 30 millones de pesos que se sumarían a los otros 200 millones.