Cancún.- Diversos ciudadanos, en especial quienes habitan en asentamientos irregulares, denuncian que la Comisión Federal de Electricidad continúa con los cortes de electricidad y exigencias de pago, a pesar de que el país atraviesa una pandemia y ahora no se cuentan con ingresos.
Lo anterior lo explicó Susana Hurtado Vallejo, ex diputada federal y hoy líder estatal del Sindicato de Integración e Igualdad Nacional, quien dicen recibir este tipo de denuncias de forma continua.
En el caso de los asentamientos irregulares, son a menudo un abuso de poder, incluso con sospechas de corrupción, pues exigen montos arbitrarios, sin tener medidores y sin que entreguen recibos con validez fiscal o siquiera un código de barras.
La luchadora social comentó que esta semana personal de CFE fue a cortar la luz a la colonia El Pedregal, que tiene medidores y que están al día, con el argumento que esos equipos, que la misma dependencia colocó en un acuerdo previo, eran “indebidos”.
“Venir a hacer eso ahora, que estamos con una pandemia no es aceptable. Ellos utilizan bombas para sacar agua, por lo que se quedaron sin dos servicios básicos, en momentos en que se necesita de mucha higiene, en que hay mucho calor y necesitan de ventiladores”, comentó.
Situaciones similares se viven en asentamientos como El Milagro, Avante, Tres Reyes, Chiapaneca, Mérida y Anexo Buenfil, donde los amenazan con cortarles el servicio, en momentos en que un gran número de familias se quedaron sin trabajo.
“En este tiempo de pandemia debieran hacer una tregua. Por un lado las autoridades de gobierno dicen que se esfuerzan en apoyar a la ciudadanía, pero de forma simultánea se les hostiga, lo que es un sinsentido”, opinó.
Colonos han soportado arbitrariedades y abuso por años, razón por la que ahora exigen certeza y transparencia en sus pagos, pues ignoran quiénes se quedan con los millones de pesos que les cobran.
“Se les cobra hasta mil 200 pesos mensuales por dos cuartos con apenas unos focos; hay asentamientos de 30 familias que pagan 30 mil pesos y otras con 90 a las que se les cobra 16 mil, o un mes pagan el doble que otro, todo sin medidores, muestras de consumo y con recibos que son casi un acta escrita, sin validez alguna ni código de barras. Todo esto parece ser a espaldas de las oficinas centrales”, acusó.
Tan solo en la invasión de región 234 se les cobra un millón 600 mil pesos, y existen más de 30 asentamientos similares.
“Es mucho dinero, que no se trasparenta. Todo esto es corrupción”, concluyó.
