Cancún.- El Instituto de Inclusión contará con un presupuesto de cinco millones de pesos, a partir de su puesta en marcha, que depende ahora de la publicación en el Periódico Oficial de las reformas a la Ley de Personas con Discapacidad, fecha a partir de la cual el gobernador deberá nombrar a su director.
Así lo explicó el diputado local Emiliano Ramos Hernández, impulsor de esta ley junto con Leslie Hendricks Rubio, quien indicó que el Legislativo ya hizo todo lo que le correspondía en la materia.
“En la reunión que Leslie Hendricks y un servidor tuvimos le informamos a las asociaciones civiles de todo el proceso que se llevó en el pleno, para la modificación de la Ley para las personas con discapacidad, que lleva a la creación del Instituto; esta es una iniciativa ciudadana, los diputados solo la suscribimos; es su propuesta y venimos a rendirles un informe”, explicó en entrevista el legislador.
Están pendientes de la publicación de dicha ley, que es el próximo paso a seguir. Y una vez publicado se instale el Instituto de Inclusión.
“El balón están la cancha del ejecutivo que deberá nombrar a un director o directora”, puntualiza.
Para la operación del instituto se etiquetaron cinco millones de pesos, para que este mismo año pueda ser creado.
Sobre si ellos como diputados recomendarían a alguien para el cargo dice que no, que eso podría corresponderle a la sociedad civil y organizaciones, aunque dice que la ley especifica que el nombramiento corre a cargo del ejecutivo.
Dentro de los requisitos están demostrar que se ha trabajado por las personas con discapacidad, estudios de licenciatura, residencia en el estado, entre otros más.
“Quizá sería sano que el ejecutivo escuchara propuestas emanadas de la sociedad civil organizada”, expresa.
INCLUSIÓN EN INSTITUCIONES
Señala que esta experiencia le dejó muchas enseñanzas, una de ellas que hay algunas discapacidades que son más visibles que otras, pero que es necesario atender todas.
“Quizá donde más rezago hay en la vida pública y privada tiene que ver con las discapacidades auditivas y del lenguaje; quizá a veces son más visibles las discapacidades motrices, rampas, pero las menos visibles, pero con más rezago tiene que ver con el lenguaje; ojo, es fácil mantener un diálogo con una persona sordomuda; hay muchas palabras técnicas, por eso el gobierno no tiene una traducción adecuada”, comentó a la pregunta de si tienen intérpretes en el Congreso. Pero reitera, en todas hay rezago, en las del lenguaje, en las psicomotrices.
“Hay que generar políticas públicas que haya más inclusión. Por eso debe haber un instituto. Para que ponga el tema en la mesa, para que hable con Desarrollo Urbano, que en las construcciones se garantice la accesibilidad física de las personas”, aseguró.
Fue cuestionado sobre la ley que establece que ya toda dependencia debe tener un intérprete o capacitada para comunicarse en cada dependencia, a lo que dijo que sí, pero que es “letra muerta”.
“El Instituto debe hacer valer las leyes existentes y proponer nuevas leyes que permitan el acceso pleno. Incluso haciendo una rápida revisión de instalaciones de dependencias de los tres niveles de gobierno estoy seguro que no van a encontrar accesos para personas con discapacidad a pesar de que estén obligados”, mencionó.
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Respecto a si los cinco millones de pesos alcanzarán para los pendientes en cuanto al tema, Ramos Hernández considera que sí, puesto que no será un instituto asistencialista, sino uno de investigación, análisis y emisión de propuestas.
