Cancún.- Policías ministeriales solo con primaria terminada, implicados en actos de tortura, en sobornos, sin pasar los exámenes control y confianza o incluso trabajando con un amparo para no ser detenidos por alguna causa penal. Esta es la composición del grupo de agentes “inconformes” que tratan de desestabilizar la Fiscalía General del Estado para continuar operando a sus anchas, en detrimento de la ciudadanía, que requiere una procuración de justicia eficiente, sobre todo, limpia.
Existen 88 agentes que no aprobaron la evaluación de Control y Confianza y 37 de estos ya están en proceso de ser dados de baja, aunque muchos de ellos se han amparado para evitar ser separados de sus funciones.
Entre los motivos por el que reprobaron, está el haber pedido dinero a denunciantes para agilizar sus investigaciones, consumir drogas, tener depósitos de dinero inexplicables, infligir o tolerar actos de tortura, violencia familiar, por mencionar algunas.
51 agentes todavía tienen la oportunidad de volver a presentar este examen, pero si no han cambiado sus circunstancias, es muy probable que vuelvan a fracasar, en cuyo caso, al igual que con los primeros 37, procede su baja en automático. Esto, por ser una exigencia federal, marcada en la ley y que es de obediencia obligatoria para la Fiscalía.
A esto, se suman los agentes con falta de escolaridad, uno de los principales desafíos que abordó desde su llegada el actual fiscal general del Estado. Por increible que parezca, hay 75 policías de Investigación solo con primaria y 352 solo con secundaria; esto en violación de lo que marca la ley, a nivel federal y estatal. Aunque la exigencia de tener siquiera el bachillerato concluido existe desde hace dos años, estos agentes no han concluido sus estudios.
Ante esto, el año pasado el fiscal ordenó que se reasignen tareas para que se quite de la integración de expedientes a personal que no tenga los estudios suficientes o no cuenten con una carrera afín al derecho. Integrar una averiguación requiere del conocimiento de la ley, para tipificar conductas, respetar garantías y aportar evidencias de manera correcta. De lo contrario, se corre el riesgo que el sospechoso quede libre.
JUSTICIA EFICIENTE
Por ello, también el año pasado, se contrató a 42 agentes con licenciatura concluída, para modernizar y eficientar la procuración de justicia.
Contra este saneamiento de la Fiscalía es que reaccionan estos agentes, gran parte de ellos con sospechas de incurrir en corrupción y sin la preparación requerida.
En un inicio, quisieron disfrazar su inconformidad como exigencia salarial, a pesar que les duplicaron el sueldo hace dos años. Al caerse esta excusa, ahora aseguran que es el fiscal, y no ellos, quien incurre en irregularidades, razón por la que piden su salida.
CORRUPCIÓN EN GOBIERNOS DE FÉLIX Y BORGE
Los agentes que callaron todas las corruptelas en la Procuraduría y luego Fiscalía en los gobiernos de Félix González y Roberto Borge, cuando se perseguía por razones políticas, incurría en despojos, actuaba en contubernio con el crimen organizado y se protegía a torturadores, esos agentes ahora encontraron su conciencia y reclaman ficticias irregularidades por parte del fiscal actual.
La principal exigencia ciudadana desde hace años es seguridad. El avance del crimen organizado y el alza en delitos comunes han sido un tema que los quintanarroenses claman desde casi una década y todavía es su principal preocupación, como lo demuestran sondeos. Ahora sabemos que esta alza se generó por la falta de atención, e incluso complicidad que se tuvo en gobiernos anteriores, y que ahora se trata de componer.
La depuración de la Fiscalía General del Estado, organismo enfocado en la investigación y detención de criminales, para su procesamiento judicial, es imprescindible para abatir la inseguridad. El oponerse a la modernización de este organismo es oponerse a que se ponga fin a la corrupción y que finalmente se encierre a los causantes de inseguridad.
