El rechazo al PDU deriva del amparo 995/2022 el cual fue tramitado por ciudadanos y organismos civiles. Argumentaban que lo aprobado no correspondía a lo finalmente aprobado.

“La protección constitucional concedida es para que el ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo, a través de sus dependencias competentes, deje sin efectos el plan de desarrollo urbano reclamado y reponga el procedimiento para formular y aprobar el instrumento de planeación municipal”, señaló el Juzgado por medio de un documento.

Tras lo anterior, el juez ordena reponer el proceso, esto significa que deberá elaborarse un nuevo PDU de Cancún.

Es decir, se debe volver a plantear y aprobar este instrumento, pero en esta ocasión se debe garantizar que los ciudadanos tengan acceso a toda la información y documentación durante el proceso. Y es que justo eso fue lo que denunció la ciudadanía inconforme con el PDU que ya se echó abajo.

Asimismo el juez ha pedido que los comentarios y sugerencias de los ciudadanos sean integrados en el documento. Y remarcó que el PDU de Cancún debe realizarse a partir del Atlas de Riesgo y los planes de movilidad de la ciudad.

El mandato del juez no solo es para el Ayuntamiento de Benito Juárez, también para el Congreso del Estado. Los diputados deben ajustar la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Quintana Roo. Los legisladores también deberán solicitar “los estudios de impacto ambiental y de capacidad de carga ambiental previos a la autorización de los proyectos, obras o acciones urbanísticas de cualquier tipo”.

Cabe resaltar que aunque fueron varias las impugnaciones contra el PDU de Cancún, el amparo fue otorgado a la ciudadana Priscila Campos López.