En días recientes, Hugo Garza Sánchez, director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Quintana Roo (CAPA), declaró que en Cancún existe un “rezago millonario” de parte de la concesionaria Aguakan, además de denunciar supuestos problemas de rebosamientos.
Lo increíble es que un funcionario público de ese nivel señale la falta de inversión en infraestructura, pero no responde cuánto ha invertido la CAPA en el mantenimiento de los pozos de drenaje pluvial, que son los que provocan inundaciones extremas en la ciudad. Basta recordar lo ocurrido el pasado martes 30 de septiembre, cuando los automóviles prácticamente flotaban en aguas pluviales. Y conviene subrayar que este tema es 100% responsabilidad del municipio, no de la concesionaria.
El propio director mencionó que existen 30 plantas de tratamiento en el estado, de las cuales casi la mitad corresponden a Aguakan en apenas cuatro municipios donde opera. En contraste, varias de las plantas administradas por CAPA en otros municipios presentan serias deficiencias. El caso más evidente es el de la planta de San Miguelito, al norte de Cozumel, señalada como totalmente obsoleta y responsable de vertimientos en la zona natural protegida, contaminando la isla, según denunció el noveno regidor Roberto Marín en mayo de 2025.
No es el único ejemplo. Apenas en junio de este año, habitantes de Chemuyil denunciaron que la planta de tratamiento de aguas residuales en Tulum, operada por CAPA, no funciona correctamente, provocando filtraciones de aguas negras hacia los mantos acuíferos, de donde se extrae el agua potable. Semanas después, el ingeniero Manuel Aznar Pavón, expresidente del Colegio de Ingenieros de Tulum, advirtió que la falta de infraestructura hídrica en un suelo kárstico como el de la región representa un riesgo ambiental crítico. Hoy, el 70% de Tulum carece de drenaje, lo que convierte al municipio en una verdadera bomba de tiempo ambiental.
Otro aspecto que llama la atención es que el director de CAPA declarara que la Colonia Álamos de Cancún no recibe los servicios de Aguakan. Lo grave es que desconozca —o finja desconocer— que esta colonia no está municipalizada. Es el propio reglamento de la CAPA, en conjunto con la Ley de Aguas de Quintana Roo, el que prohíbe a la concesionaria ofrecer contratación de servicios en esa zona. Una contradicción mayúscula para quien dirige la institución.
Conviene aclarar, por si no lo sabe, que la municipalización es el proceso mediante el cual colonias irregulares son reconocidas e integradas formalmente al municipio. Si bien la colonia “Álamos” es un nombre conocido, incluso tienen su panteón municipal, la colonia está dentro de la categoría de asentamientos irregulares.
Al parecer, la jugada mediática del director no salió como esperaba. No imaginó que ese mismo día, por la mañana, la concesionaria Aguakan ya había convocado a una rueda de prensa para explicar con toda claridad las diferencias entre drenaje pluvial y sanitario, así como sus responsabilidades. Aun con ello, el titular de CAPA prefirió emitir declaraciones sin sustento técnico, generando confusión entre la ciudadanía.
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Esto no es un simple error de interpretación: es una falta de responsabilidad institucional. En lugar de atender el rezago pluvial que compete directamente al municipio y a la propia CAPA, se elige desviar la atención culpando a la concesionaria con discursos fáciles pero vacíos.
Sostener lo contrario, sin pruebas y sin asumir las propias omisiones, no solo desinforma: erosiona la confianza de la población en sus instituciones.
En un contexto en el que Cancún enfrenta desafíos tan serios en materia de infraestructura urbana y ambiental, lo menos que se espera de una autoridad es responsabilidad, claridad y rigor técnico en sus declaraciones. Todo lo demás es, simplemente, populismo barato.
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