Chetumal, Quintana Roo, 10 de febrero del 2026.— La gestión de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) en Quintana Roo ha entrado en una etapa que raya en lo inaceptable. Mientras su brazo fiscal, la Dirección de Recuperación de Adeudos y Ejecución Fiscal (DRAEF), intensifica acciones de cobranza con tácticas punitivas, la infraestructura hidráulica del sur del estado colapsa a la vista de todos.
En apenas los primeros meses del año, al menos cinco fugas masivas han sido documentadas en Chetumal, dejando escapar miles de litros de agua potable mientras la población enfrenta intermitencias en el servicio. La paradoja es evidente: el organismo recauda cantidades millonarias, pero no logra atender las fallas más básicas de su sistema.
Ciudadanos han denunciado que, al reportar fugas activas, la respuesta oficial fue que no podían repararlas por “falta de refacciones”. Resulta indignante que una entidad que factura montos que superan incluso tarifas del sector hotelero no cuente con insumos mínimos para detener el desperdicio de agua en medio de una crisis hídrica.
La incongruencia se agrava con la agresividad recaudatoria de la DRAEF, que no duda en emitir notificaciones de embargo y amenazas legales contra usuarios, muchos de los cuales enfrentan cobros derivados de fugas internas o errores de medición que el propio organismo se niega a verificar.
El caso de la calle Petén con 10 Sur es emblemático del abandono: un registro colapsado ha provocado el derrame constante de aguas residuales sobre la vía pública, generando un foco de infección que pone en riesgo directo a familias, niños y adultos mayores. Mientras los vecinos sortean aguas negras y olores fétidos, CAPA mantiene su presión fiscal sin mostrar capacidad operativa para resolver el problema sanitario.
La pregunta es inevitable: ¿dónde están los millones que recauda CAPA si la red hidráulica se desmorona y las reparaciones se postergan indefinidamente? El agua potable es un derecho humano, no un lujo condicionado a convenios fiscales ni un negocio basado en la coerción.
Condicionar el acceso al agua a esquemas de cobro agresivos, mientras el servicio falla sistemáticamente, constituye una forma de abuso institucional. No se puede perseguir a la ciudadanía con embargos mientras se admite incapacidad técnica para cumplir la función básica de garantizar agua y saneamiento.
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Ante este escenario, la exigencia ciudadana es clara: una auditoría técnica y financiera inmediata, transparencia total en el uso de recursos y un cambio urgente en las prioridades del organismo. El agua no puede seguir siendo rehén de la recaudación; CAPA debe responder con infraestructura, mantenimiento y dignidad, no con amenazas legales.
