Chetumal.- Con el voto a favor de 22 de los 25 diputados del Congreso del Estado, lo que incluye a todas las fracciones partidistas, fue aprobado anoche la reestructuración de la deuda pública del Gobierno del Estado, con lo que se obtendrán importantes ahorros en el pago de intereses, para así liberar más recursos para los programas y acciones de la administración estatal.
La autorización brindada para modificar este crédito no implica la contratación de nueva deuda, sino que es una herramienta habitual entre gobiernos que aprovechan mejores condiciones de mercado para reducir las tasas de interés. De hecho, esta estrategia es muy similar a la realizada por la Federación, encabezada por Andrés Manuel López Obrador.
Fue en septiembre cuando la administración federal, actualmente de Morena, realizó la primera permuta cruzada de valores gubernamentales, en la historia del país, lo que le permitió aplazar los pagos de intereses, para igualmente liberar recursos, necesario para concretizar sus programas y promesas de campaña.
Las circunstancias financieras entre el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de Quintana Roo son igualmente similares: ambos tienen que lidiar con un elevado sobreendeudamiento de irresponsables administraciones previas.
En Quintana Roo, es ya de sobra sabido el daño generado a las finanzas por los gobiernos de Félix González Canto y Roberto Borge Angulo, pues en solo 11 años, aumentaron la deuda pública de 2 mil millones a más de 22 mil millones, sin que estos múltiples endeudamientos resultaran en infraestructura o inversión productiva, pues casi todo se fue, supuestamente, al gasto corriente.
La desesperación de Borge Angulo por extraer lo máximo posible de recursos hizo que incluso endeudara a paraestatales como CAPA, aprovechando que tenía buen perfil crediticio.
A nivel federal, Enrique Peña Nieto igualmente incrementó de forma desmedida la deuda pública, en un 46%, al gastar más allá de lo presupuestado, sin miramientos o disciplina financiera. De hecho, las cuentas públicas en el anterior sexenio no concordaban con lo autorizado por el Congreso, sin que el Legislativo haya realizado una labor fiscalizadora, según apunto el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).
Por ello, la administración de Andrés Manuel López Obrador efectuó una subasta de recompra de valores gubernamentales, acompañado de la emisión de nuevos valores, lo que significó la cancelación de deuda a cambio de nuevos bonos con menor tasa de interés y mayor plazo de vencimiento.
El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, comentó que se continuará monitoreando las condiciones de mercado, para repetir este ejercicio, si resulta en mayor solidez financiera.
Sus dichos son similares a lo argumentado desde el año pasado por la secretaria de Finanzas y Planeación de Quintana Roo, Yohanet Torres Muñoz, quien al ser cuestionada sobre un posible refinanciamiento de la deuda, siempre comentó que se estaba abierto a la posibilidad, si las condiciones permitían generar un ahorro, como ahora efectivamente sucedió.
Todas las fracciones de la XVI Legislatura autorizaron el refinanciamiento por hasta 19 mil millones de pesos (el monto actual que se debe; es decir, sin deuda adicional) por un plazo de 25 años. Se espera que de esta manera la administración estatal cuente con los recursos necesarios para hacer frente a desafíos como la seguridad, salud, educación y bienestar social.
