Chetumal.- Juan Pablo Guillermo Molina, ex secretario de Finanzas y Planeación del gobierno de Roberto Borge Angulo, compareció por escrito ante la comisión instructora de su juicio político, para rechazar las acusaciones en su contra por desvío de recursos, además de ingresar un documento en el que se solicita destituir a los diputados Emiliano Ramos Hernández y Jesús Zetina Tejero, por haber realizado declaraciones a la prensa que, asegura, vulneran su presunción de inocencia.

En el primer documento, negó “categóricamente” que haya incurrido en algún desvío de recursos o manejo irregular de fondos, durante su función como titular de la Sefiplan. En este sentido, asegura que es falso que haya desviado más de mil millones de pesos del Impuesto al Hospedaje, como se le acusa en la solicitud de juicio político interpuesta por la periodista Fabiola Cortés Miranda.

Lo anterior, porque asegura que ninguna ley obliga a que la totalidad de los recursos recaudados de ese impuesto tengan que entregarse a los fideicomisos de promoción turística.

Todos los fideicomisos fueron entregados a la actual administración sin recursos, con millonarias deudas con proveedores, que el actual gobierno tardó año y medio en saldar.

En este documento, el ex funcionario solicitó todas las constancias del legajo del proceso que se lleva en su contra.

Por otro lado, en un segundo escrito, Guillermo Molina aseguró que a través de distintas declaraciones a la prensa, los diputados Emiliano Ramos Hernández y Jesus Zetina Tejero, integrantes de la comisión instructora que lleva su caso, han vulnerado su presunción de inocencia, por lo que solicitó que sean destituidos de la misma y que otra nueva sea creada.

MÁS ACUSACIONES

Cabe mencionar que Juan Pablo Guillermo figura en varias de las denuncias penales interpuestas en su contra por la Auditoría Superior del Estado, una de ellas por un desvío de más de mil millones de pesos.

La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) también tiene una investigación abierta en contra del titular de Hacienda, por la supuesta entrega de recursos al Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Por último, el Congreso del Estado analiza abrir un segundo juicio político en su contra, derivada de otra solicitud presentada en su contra.