El Congreso del Estado no tiene la facultad para retirar concesiones y rescindir contratos de las mismas. El tema está siendo usado con fines electorales debido a la cercanía de los comicios, aseguró el Observatorio Legislativo de Quintana Roo.
“La acción emprendida por la XVII Legislatura para atender los resultados de la consulta popular sobre la permanencia de una concesionaria estaba orientada a un momento político electoral, los resultados del inicio de este proceso judicial confirman esta hipótesis, evadiendo dar cumplimiento a la consulta ciudadana que fue vinculante”, señala el organismo ciudadano que preside Eduardo Galaviz Ibarra.
Asimismo, el Observatorio Legislativo deja claro que no es facultad del Congreso de Quintana Roo retirar concesiones, solo puede aprobar o rechazar las que otorga el Poder Ejecutivo.
“Advertimos que las facultades de la Legislatura en esta materia están estipuladas en el artículo 75 de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo, que establece en su fracción XXVII ‘Aprobar o rechazar las concesiones otorgadas por el ejecutivo’. No tiene facultades para cancelar concesiones”.
El Observatorio Legislativo añade que el Congreso que aprobó la ampliación dejó establecido que serán CAPA y los Ayuntamientos de los municipios donde operan concesiones los encargados de supervisar que el contrato se cumpla a cabalidad. Y ya en caso de que no se cumpla, podrían solicitar la rescisión. Pero eso no le compete a los diputados.
Los activistas advierten el uso político electoral que algunos legisladores le pueden estar dando al tema, debido sobre todo a que algunos buscarán la reelección o incluso aspiran a otros cargos de elección popular en los comicios de junio próximo.
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El Observatorio Legislativo recalcó que lo que sí pueden hacer los integrantes del Congreso de Quintana Roo es revisar las tarifas del servicio, puesto que son ellos y CAPA quienes las establecen, no la concesionaria. Pero no han intervenido en dicho tema.
La finalidad de todo este proceso, según los activistas, es que los ciudadanos obtengan un mejor servicio y tarifas y no cambiar de concesionarios. Y que tampoco se le dé un fin electoral al tema.
