Cozumel.- En el marco de la entrega de cinco patrullas al municipio de Cozumel esta mañana, el gobernador del estado, Carlos Joaquín González, dijo que Cozumel es seguro para el turismo, porque hay especial atención de la Secretaría de Seguridad Pública para combatir el robo a casa habitación y comercio, además que no hay homicidios dolosos.
En entrevista, señaló que cuando se emitieron las alertas de viaje, las aliadas para poder revertirla fueron precisamente las navieras, pues con ellas se tiene acercamiento porque ellas apoyan este sector de turismo.
Joaquín González reveló que se tiene un avance del 90% en la que será la sede de la Policía Estatal en la isla, que coadyuvará con la tarea de vigilancia junto con las demás autoridades policiacas de los otros niveles de gobierno; aunque reconoció que no es todavía suficiente, pues se necesita más personal para cubrir con seguridad a los cozumeleños.
En este punto, el gobernador aclaró quie se han cumplido con todos los requerimientos administrativos y jurídicos entre el municipio y el estado.
¿Y LOS 10 MILLONES DEL CARNAVAL?
Por otro lado, Carlos Joaquín dijo que el Gobierno del Estado aportó 10 millones de pesos para el carnaval, que finalmente se concesionó, por lo que ahora pedirá a Secretaría de la Contraloría del Estado que vigile este recurso invertido.
“Lo más importante es la promoción turística que las actividades carnestolendas traen, además de la diversión de las familias cozumeleñas”, indicó.
A pregunta expresa sobre si la federación le quedó a deber dinero del 2017, el jefe del Ejecutivo estatal explicó que el presupuesto en algunos rubros depende de la recaudación que se tenga, para que esto haga eco a nivel federal, pero que en este 2018 se está más arriba de la propuesta inicial. Lo último, eso sí, con base en algunos proyectos adicionales que se presentaron, además de los convenios con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, derivados de la recaudación, donde Quintana Roo avanzó de ser el número 22 pasó al número 12.
La Federación no quedó montos a deber, aclaró, pero algunos convenios que se establecieron no pudieron ser completados como se esperaba.
CONFLICTO TRANSPORTISTA
El mandatario estatal reconoció que el problema del transporte público con placas federales no es nuevo; sin embargo, se trabaja desde las diferentes instancias para determinar cuáles son límites donde se pueda operar con esas concesiones.
“La Secretaría de Comunicaciones Transporte debería tener una mayor participación en este caso, porque queda muy ambiguo”, indicó. “Avanzamos en los espacios de diálogos estatales”.
En cuanto a los señalamientos que la Secretaría de Infraestructura y Transporte protege a los taxistas y acosa a los de placas federales, Carlos Joaquín reviró que lo mismo dicen los taxistas: que se protege a los concesionarios federales.
“Hay conflictos de intereses entre los de Sintra y taxistas, como los de placas federales; hay avances en el diagnóstico de entrega de concesiones estatales, donde la iniciativa que marca que las concesiones sean parte de la seguridad del estado”, y los que no cumplan se les quite.
