A expensas cada año de formaciones ciclónicas como la actual tormenta Gamma, los gobiernos de la Península de Yucatán deben sortear con recursos propios la atención a damnificados y la reparación de daños en viviendas y campo, debido no sólo a recortes en el Fondo Nacional de Desastres Naturales sino a reglas de operación que hacen casi imposible acceder a los apoyos.
Quintana Roo y Yucatán se encuentran evaluando los daños que provocó la tormenta Gamma, de la que aún se resienten efectos en la Península de Yucatán.
En la zona sur de Quintana Roo, reportó el gobernador Carlos Joaquín, hubo escurrimientos de lluvias originados desde las partes altas de Chiapas, Campeche y Tabasco que inundaron campos y zonas agrícolas y cortaron caminos y carreteras.
“Estamos pendientes y atentos para apoyar a estas comunidades, como Río Verde y Miguel Alemán, en Bacalar”, dijo el gobernador.
Así como sucedió durante la tormenta Cristóbal en junio pasado, las autoridades estatales hacen un recuento de daños en viviendas de las comunidades mayas que, sin embargo, no están contempladas en los esquemas del Fonden.
Carlos Joaquín desglosó en su momento el monto de daños causados por la tormenta Cristóbal: En el sector turístico se evaluaron daños por más de 1 millón de pesos; en carreteras, más de 215 millones de pesos con alrededor de 350 kilómetros de caminos y puentes; casi 50 millones de pesos en vivienda; 11 millones de pesos en el sistema educativo; más de 250 millones de pesos en el sistema agropecuario; 25 millones en materia de salud y más de 220 millones de pesos en calles y vialidades urbanas.
Todas esas afectaciones, aunque fue emitida la declaratoria de desastre natural, han tenido que ser atendidas con recursos propios del estado, ya que las autoridades locales no han recibido aún ningún apoyo del Fondo federal.
Aparte del recorte en el presupuesto para atender a damnificados y daños en infraestructura, los gobiernos estatales enfrentan obstáculos burocráticos con reglas que no corresponden a la realidad.
Por ejemplo, en los criterios de evaluación el gobierno federal pide daños estructurales que se originen exclusivamente por temblores o huracanes, no otras contingencias climatológicas como inundaciones, por lo que muchas familias de comunidades rurales que habitan en viviendas mayas se quedaron sin apoyo federal.
En el levantamiento de censos por parte del Fonden, las solicitudes de apoyo fueron rechazadas porque las reglas de operación del programa están hechas para huracanes y terremotos y en este caso, al ver que las casas no se habían caído y sólo tenían daños estructurales, entonces las descartaron para recibir el apoyo de la federación.
Además, no obstante que el campo fue el rubro más afectado por la tormenta Cristóbal, fue completamente desatendido por el Fonden, pues el tema agrícola no se encuentra considerado para la ejecución de recursos a través de dicho esquema, dejando desamparados a miles de campesinos.
