Se trata de los Juicios de la Ciudadanía JDC/001/2023 y sus acumulados JDC/002/2023, JDC/003/2023 y JDC/004/2023, interpuestos por José Luis Cano Be, Andrés Valencia García, Beatriz Adriana Ávila Cabrera y Karla Vázquez Melquen.

Estos juicios ciudadanos contra la consulta popular denunciaban la presunta omisión para hacer cumplir la declaratoria de vinculante del resultado de la jornada de consulta popular en el municipio de Benito Juárez celebrada el 5 de junio de 2022.

Y es que de acuerdo con los ciudadanos, ni el municipio de Benito Juárez ni los diputados contemplaron recursos en Ley de Ingresos 2023 y el presupuesto de Egresos del año 2023, tanto del Gobierno de Quintana Roo como del municipio de Benito Juárez, para que se pudieron cumplir los resultados de la consulta ciudadana.

“El proyecto propone desechar el juicio promovido y sus acumulados dado que del análisis realizado al presente se estima que (el tema) no es competencia de este Tribunal… dado que no guarda relación con derecho político electoral alguno, sino con la vida orgánica de la Legislatura local”, establecía el proyecto.

Tras ser discutido y analizado, el Teqroo descartó estos juicios ciudadanos, ya que como se señalaba el tema no guarda relación con el derecho político electoral, sino con la vida interna del Congreso y su funcionamiento en materia administrativa.

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Es decir, es un tema que le compete al Poder Legislativo y a los gobiernos municipales, por lo que no le corresponde al Tribunal Electoral de Quintana Roo pronunciarse sobre el tema.

Los juicios ciudadanos argumentaban que la presunta omisión para hacer cumplir los resultados de la consulta popular vulneraba sus derechos de participar en la misma. Sin embargo el Teqroo desestimó los juicios porque no tiene nada que ver con cuestiones político-electorales.