México.-Por años, fue el Partido Revolucionario Institucional (PRI) el favorecido con el desvío de millones de pesos del erario en Quintana Roo, para mantener aceitada su “maquinaria electoral” y así sacar adelante a sus candidatos; así ocurrió nuevamente en 2016, solo que en esa ocasión, el hartazgo ciudadano ya había llegado a su límite y superaron en las urnas los quintanarroenses responsables a lo que acarreados.
Fue una victoria democrática que todos quienes vivimos en este estado vimos y recordamos. Es una historia reciente que ahora algunos, por razones mercantiles, quieren reescribir y, en el colmo de los absurdos, invertir papeles, de forma que quienes eran hostigados, en su fantasía eran los hostigadores, y quienes resultaron ir presos por ladrones, según ellos, eran “blancas palomas”.
No se necesita ir a documentos internos de la PGR o de Hacienda, ni se necesita que hoy salgan testimonios a recordar los destinos de millonarios sobornos como los de Odebrecht. Es un hecho público y conocido que en 2016, el Gobierno del Estado de Roberto Borge Angulo desviaba enormes sumas de dinero para financiar a sus candidatos del PRI. Ahí estaban las campañas de reciclaje en las distintas colonias, las brigadas que pintaban con colores priistas los distintos espacios públicos, las centenares de “lideresas” que religiosamente recibían dinero del borgismo y que, tras la derrota electoral acudieron a manifestarse en Chetumal en exigencia de su siguiente pago, sin recibir respuesta del priismo, cuyas cabezas ya estaban en plan de fuga.
También estaban los millonarios pagos dados a medios de comunicación para ensalzar a la figura del gobernador Roberto Borge, a todos sus allegados, para que callaran todos los escándalos de corrupción que ya eran noticia en todo el país salvo en Quintana Roo. Ahí quedaron tirados en las calles los enormes tirajes de periódicos que se imprimían llenos de alabanzas pero que nadie leía.
También están todas las investigaciones, federales y estatales, por los millonarios desvíos de recursos en todas las ramas de la administración pública. Ahí están las hectáreas de terrenos rematados, los laudos laborales simulados, las licitaciones amañadas, las patentes de notarios entregadas al granel.
La propia Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) declaró después de esa elección que se investigaba el presunto uso de 200 millones de pesos del erario quintanarroense, para favorecer a los candidatos del PRI, se trató de una entrevista que compartió en su momento el ex titular de este organismo, Santiago Nieto Castillo, en su cuenta de Twitter, y que ahora indica que en ese entonces era un hecho conocido que millones habían sido desviados para intentar favorecer al candidato priista, Mauricio Góngora.
En toda esta serie de escándalos, de acusaciones, denuncias penales, y vinculaciones a procesos, siempre es un grupo el que se benefició y que buscó perpetuarse a través del soborno. La alianza opositora en todo momento fue perseguida, fue víctima y considerada enemiga acérrima.
Finalmente, todo este dispendio de recursos resultó ser en vano, pues la corrupción ya había colmado la paciencia de la ciudadanía, que salió en números poco vistos, en especial en la zona sur, para expulsar al priismo e instaurar un cambio, en contra de todas las probabilidades.
Estas fueron las circunstancias en las que se logró la alternancia en Quintana Roo: ciudadanos decididos a hacerse oír, por sobre la compra de votos, las calumnias en todos los medios de comunicación, el corporativismo y la coacción.
Pretender decir lo contrario, pretender señalar que la compra de votos estuvo en contra del grupo priista es una falsedad que nadie que haya vivido el proceso electoral de 2016 puede creer.
