Chetumal.- La XV Legislatura decretó reformas constitucionales en materia de combate a la corrupción, tras recibir el aval de los ayuntamientos Lázaro Cárdenas, Tulum, Solidaridad, Cozumel, Othón P. Blanco y José María Morelos, por lo que el Congreso del Estado, una vez que se publique el decreto correspondiente en el Periódico Oficial, podrá continuar con la siguiente etapa de la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción que consiste en aprobar la legislación secundaria.
Congreso combate la corrupción
En la sesión número 6 de la Diputación Permanente, presidida por el diputado Ramón Javier Padilla Balam, se realizó el cómputo de votos de los ayuntamientos del estado, de la minuta proyecto de decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en materia de combate a la corrupción.
En esta sesión se dieron entrada a dos iniciativas presentadas por las diputadas Mayuli Martínez Simón, Gabriela Angulo Sauri, Eugenia Guadalupe Solís Salazar y los diputados Fernando Zelaya Espinoza, Eduardo Martínez Arcila y Jesús Alberto Zetina Tejero, integrantes del grupo parlamentario del PAN.
Más iniciativas para Quintana Roo
Se trata de las iniciativas de Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Quintana Roo, y de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones al Código Penal del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.
La primera iniciativa pretende expedir una Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Quintana Roo, en la cual se incorporan aspectos preventivos contra la corrupción mediante el establecimiento de principios y directrices que rigen la actuación de los servidores públicos.
¿Qué propone?
Se propone también incorporar al sector privado que interactúa con el sector público y que participen en actos de corrupción, al régimen de responsabilidades y podrán estar sujetos a sanciones económicas, inhabilitaciones para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, así como indemnización por daños y perjuicios a la hacienda pública, quedando como instancia responsable de estas sanciones el Tribunal de Justicia Administrativa.
También propone incorporar la figura de denuncia anónima y establece que se debe mantener en carácter de confidencial la identidad de personas que denuncien actos de corrupción.
La corrupción tendrá consecuencias
La segunda iniciativa de los legisladores del PAN, propone realizar adecuaciones al Código Penal para que el ministerio público pueda sancionar los actos de corrupción , para lo cual es necesario delimitar las reglas generales para determinar la comisión de delitos de corrupción.
Además de la regularización de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, con el objetivo de mitigar la impunidad que suele caracterizar a los delitos de corrupción.
Contemplan el salario mínimo
El diputado Ramón Padilla Balam, presentó una iniciativa de reformas al Código Penal, para sustituir las referencias al salario mínimo por la unidad de medida y actualización. También pretende eliminar la figura de la reincidencia como factor para elevar las penas.
Además, presentó una iniciativa de reformas al Código Penal en materia de responsabilidad de las personas jurídicas.
Carlos Joaquín suma a periodistas
Finalmente, la Diputación Permanente dio entrada a una iniciativa del gobernador del Estado, Carlos Joaquín González, para abrogar la Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Quintana Roo que se encuentra vigente.
Argumenta que esta ley fue duramente criticada por algunos sectores de la sociedad, principalmente por periodistas, quienes fueron difamados y perseguidos desde el gobierno y que, además tiene deficiencias de forma y contenido.
Carlos Joaquín protege derechos humanos
Es de mencionarse que esta ley fue impugnada por la CNDH y la SCJN se pronunció respecto a la inconstitucionalidad de diversos preceptos normativos que contenía
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En la exposición de motivos, el Ejecutivo estatal mencionó que el gobierno anterior no realizó ninguna acción para su aplicación, no se elaboró su reglamento, entre otras irregularidades, lo que generó la idea de que sólo tenía un propósito de simulación política en agravio de las personas defensoras de los Derechos Humanos y periodistas.
