Chetumal.- La ex borgista Paula González Zetina, ex directora de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) en la administración anterior, presentó una demanda ante el Tribunal de Justicia Administrativa del estado, en contra del Gobierno de Quintana Roo, de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Poder Judicial, por el daño moral producto de la exhibición a la que fue expuesta, al ser señalada por el delito de peculado y encarcelada por cuatro meses.
En conferencia de prensa, Paula González dijo que “la investigación y acusación fue arbitraria, tendenciosa y politizada” debido a que sin ser sentenciada fue presentada en comunicados de prensa de la FGE durante su captura y vinculación a proceso, pero no cuando fue absuelta por jueces federales.
“Sobre todas las resoluciones de los jueces locales, se me concedió protección y el amparo del Poder Judicial de la Federación, quien determinó que nunca cometí el delito de peculado y que los juzgadores solo emitieron criterios de carácter subjetivo, sin fundarlos ni motivarlos”, enfatizó la ex funcionaria.
Recalcó que todo su proceso fue ilegal, sin fundamentos por parte de los jueces, como Gonzalo Miguel Segovia, a quien acuso de haberse “sometido al poder político”.
La ex funcionaria borgista fue acusada del supuesto “desvío” de mil 56 millones de pesos pagados a CAPA como contraprestación por la privatización del servicio de agua potable en Solidaridad, además de otros 500 millones de pesos obtenidos mediante un préstamo.
Estos recursos fueron entregados a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), cuando CAPA, por ser un organismo paraestatal, debía administrar estos recursos como parte de su patrimonio, de acuerdo al argumento de la Fiscalía.
Después de que se presentara a una audiencia, en enero de 2018, fue vinculada a proceso y puesta tras las rejas. Cuatro meses después, logró cambiar esta prisión preventiva por arraigo domiciliario.
A inicios de 2019 fue hallada culpable de peculado y sentenciada a tres años de arraigo domiciliario, pero este fallo fue dejado insusbsistente por la justicia federal en junio de 2020. De acuerdo al Tercer Tribunal Colegiado, no constituye peculado entregar recursos al propio Gobierno del Estado.
BOTÍN POLÍTICO
En la rueda de prensa, Baldomero Mendoza, abogado de la ex borgista Paula González, señaló que la Fiscalía General del Estado tomó únicamente como un “botín político” a su clienta, a sabiendas que no habían pruebas contundentes ni se estaba cumpliendo con características esenciales para comprobar el delito de peculado, pues Paula González no se benefició ni benefició a nadie al obtener recursos públicos y depositarlos una cuenta pública.
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“A partir de que la absuelven, la Fiscalía no trata de reparar ese daño y se vuelve silenciosa, no hace comunicados de prensa para decir que finalmente se absolvió a Paula del caso, entonces todas las personas que hoy tratan de saber sobre Paula encontrarán que fue condenada”, aseveró el litigante.
Al final, señalaron que buscarán la reparación total e integral del daño moral al que fue expuesto la ex borgista Paula González por la acusación de la que final fue absuelta.
