La fuga de cuatro menores de edad de la Casa de Asistencia Temporal (CAT) del DIF municipal, la noche del domingo, obliga a reflexionar sobre las condiciones de vida que existen en estos centros.
Así lo indicó Tania Ramírez Hernández, directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México, (Redim), quien en entrevista, señaló que a pesar de las inversiones y la voluntad de atender a estos niños que se encuentran en resguardo, también hay una “violencia adultista institucionalizada”.
Resaltó en la mayoría de los casos donde los niños, niñas o adolescentes escaparon de albergues o centros de resguardo se revelan malos tratos, desde comida en mal estado, golpes y vejaciones.
Recordó que no es la primera vez que se vive un hecho similar en Quintana Roo, ya que precisó que en el 2010, cuatro niños se fugaron de las instalaciones del DIF, donde en aquella ocasión la Comisión de Derechos Humanos descubrió que había una celda de castigo en las instalaciones.
En este sentido, comentó que hay una regulación prevista por la ley que señala las condiciones en las que deben operar estos lugares, pero no hay un monitoreo efectivo de que esas condiciones existan en la realidad.
“Pese a que haya un marco jurídico adecuado, pese a que haya instituciones diseñadas para que esto suceda, difícilmente vamos a romper el círculo de violencia si no se rompe también el ciclo de violencia por parte de las personas que laboran en estas instalaciones”, expresó.
No se trata del buen estado de estos lugares, dijo, sino de la violencia que se permite en otros niveles, donde se perpetúa a nivel de las instituciones, “la violencia adultista”, lo que es preocupante y se vuelve doblemente ominoso que sean estas personas la que puedan estar infringiendo malos tratos y disciplina cruel.
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Por lo que la institucionalización es la última recomendación, ya que los niños, niñas y adolescentes deben crecer en un núcleo familiar, expresó.
Por último, precisó que es necesario escuchar lo que dicen los menores que huyen de estos espacios y no hacer oídos sordos a las denuncias de malos tratos y vejaciones, ya que es inadmisible que este sea el contexto de protección que tengan.
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