Asuntos mayúsculos en Quintana Roo; un huracán de controversias

En Quintana Roo, el estado turístico más emblemático de la república mexicana, el año 2023 ha sido marcado por un “huracán” de controversias, desatado por una movida política en el mes de diciembre. Esta tormenta política, iniciada por el diputado morenista, Humberto Aldana Navarro, busca abrogar el decreto que, desde hace 9 años, amplía el contrato de Aguakan para prestar servicios de agua potable y alcantarillado en los municipios más densamente poblados de la entidad. Esto solo a siete días de vencer el contrato original.

En el transcurso de las últimas semanas se han escuchado y sembrado en el terreno de lo diario, todo tipo de simulaciones, especulaciones y noticias falsas para aquellos desprevenidos que solo siguen los titulares en las redes sociales o se informan por el chat de WhatsApp. Titulares como que esta empresa trasnacional tiene una de las tarifas más altas del país, afectando así a los ciudadanos de los municipios que tienen en concesión, récords de quejas por sus usuarios, falta de inversión, etc.

Estos puntos expresados en cada medio por los voceros del momento son falsos, la empresa que según consta en sus redes sociales es 100% mexicana, con la participación del Grupo Mexicana de Desarrollo y de Grupo Bursátil Mexicano, opera solo en este estado y sus tarifas se encuentran en el rango medio de nuestro país (esto a pesar de no tener subsidios del gobierno). Y son las mismas que utiliza la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) en los municipios restantes.

En unas entrevistas de la semana pasada, su director general, expresó una gran preocupación no solo por el estado de derecho en Quintana Roo, sino por los 22 millones de mexicanos cuyos ahorros están invertidos en Aguakan. Se cuestiona la responsabilidad sobre estos ahorros ante un posible timo o robo a las familias, en caso de que el estado tenga que pagar sumas millonarias para cancelar el contrato legalmente blindado.

Este dilema plantea preguntas críticas: ¿Tiene el estado recursos suficientes para anular el contrato? ¿Qué beneficios reales obtendrán los ciudadanos? ¿Cómo se mantendrá la cobertura del servicio en áreas turísticas clave? ¿Quién tiene la experiencia para operar plantas de tratamiento y desalinización? La capacidad de los municipios para manejar estos servicios está en duda, especialmente cuando enfrentan grandes problemas en lugares como Tulum, Holbox y Cozumel.

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Está claro que quieren vendernos una realidad virtual de una situación compleja desde lo legal, y si algo debemos tener claro, es que existe un gran tesoro económico por el cual están violentando todos los derechos al poner en peligro a una empresa mexicana y 22 millones de trabajadores. Seguro vale la pena, para ellos.