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LA OTRA CARA DEL LITIGIO DEL AGUA EN QUINTANA ROO: INCERTIDUMBRE DEBILITA LA ECONOMÍA

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En la opinión de: Gabriela Torres

El conflicto por la concesión de Aguakan en Quintana Roo no solo revela tensiones políticas, sino también un problema estructural: la falta de supervisión efectiva sobre CAPA, la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado. Mientras se culpa al concesionario privado de tarifas altas y mal servicio, son las decisiones de CAPA las que determinan los precios y las inversiones en infraestructura hídrica.

Aun con la incertidumbre sobre su concesión, Aguakan anunció 49 millones de pesos para ampliar el acueducto que abastece a cerca de un millón de personas en Cancún. Esta inversión refleja un compromiso tangible con el servicio, aunque no siempre sea reconocido por las autoridades locales.

El gobierno de Quintana Roo, al sembrar dudas jurídicas sobre la concesión, contradice la política federal de incentivar la inversión privada y debilita la confianza en proyectos estratégicos.

Los problemas se extienden más allá de Cancún. En Tulum, Holbox y Chemuyil, CAPA ha registrado cobros hasta 600 por ciento superiores a lo técnicamente justificado, mientras el servicio de agua potable y drenaje falla, y las descargas de aguas negras afectan cenotes y manglares, poniendo en riesgo ecosistemas y la imagen internacional del Caribe mexicano.

Las cifras financieras de CAPA también preocupan: la inversión no capitalizable cayó 85 por ciento en 2024 respecto a 2023, mientras los gastos generales crecieron 190% en tres años y los de materiales aumentaron 50 por ciento.

Los problemas ambientales son visibles: en Cozumel, la planta San Miguelito descarga aguas residuales en áreas protegidas; solo funcionan dos de sus 17 módulos, pese a las inversiones anunciadas. En Chetumal, la planta Centenario vierte aguas mal tratadas al humedal de La Sabana, provocando eutrofización y proliferación de especies invasoras, sin que la autoridad estatal intervenga.

 

El debate sobre Aguakan puede ser legítimo, pero la pregunta central sigue abierta: ¿Quién supervisa a CAPA y se hace responsable de sus fallas en gestión, finanzas y medio ambiente?

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