Cancún.- Desde las modificaciones a la Ley Agraria, en 1992, y hasta mayo de 2019, más de 22 mil 660 parcelas, con una con una superficie de 192 mil 600 hectáreas de tierra ejidal, en Campeche, Quintana Roo y Yucatán, dejaron de ser de propiedad social y se convirtieron en propiedad privada, revela el informe “Tres década de privatización y despojo de la propiedad social en la Península de Yucatán”.
El estudio, elaborado para el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, por Gabriela Torres Mazuera, en colaboración de Sergio Madrid y Raúl Benet, también señala que 355 mil 304 hectáreas de tierras de uso común ejidal fueron parceladas en la región y apropiadas por diversos actores del sector ejidal, gubernamental y empresarial. A la par, otra superficie considerable pasó a manos privadas.
“La incorporación al mercado de grandes superficies de tierras ejidales que tendrán como destino el desarrollo urbano, turístico, energético o agroindustrial es promovido por una “mafia agraria” con capacidad económica suficiente para sortear restricciones legales, entre las que destacan el parcelamiento de tierras de uso común con cubierta forestal, que por ley son inalienables,”, afirmó Gabriela Torres-Mazuera.
La conversión a dominio pleno (propiedad privada individual) tanto de parcelas ejidales certificadas como de terrenos nacionales, así como el parcelamiento de tierras de uso común, son procesos de privatización y mercantilización, y en muchos casos, de despojo de las tierras de propiedad social y pública, promovidos de manera activa por diversos actores, entre los que destacan se encuentran los que pertenecen al sector empresarial que son parte de una “mafia agraria”, actúan coordinadamente para apropiarse de tierras de gran valor comercial.
El documento describe las estrategias de apropiación y acumulación de las tierras ejidales en la Península de Yucatán, a partir de un conjunto de casos ampliamente documentados.
Entre los procesos de privatización ejidal que analiza el documento están: el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares, que abrió al mercado las tierras de los ejidos que aceptaron parcelarlas –incluidas aquellas que tenían cubierta forestal–, debilitó la gobernanza comunitaria y facilitó la venta de los llamados “terrenos nacionales”.
Igual se notó un creciente parcelamiento de tierras de uso común en los ejidos; la operación de una “mafia”, integrada por funcionarios de la Procuraduría Agraria, los gobiernos estales y empresarios, que lograron un inusual aumento de cambios de destino de tierra y procesos parcelamiento mediante asambleas ejidales, que fueron rápidamente inscritas en el RAN, gracias a lo cual ejidos de enorme valor comercial se privatizaron.
La creación de nuevos asentamientos humanos para evadir las restricciones de la Ley Agraria y el dictamen de Semarnat; la división de ejidos para crear nuevos núcleos agrarios como simulación legal de la venta de tierras de uso común; los contratos de usufructo por hasta 60 años para proyectos privados de generación de energía, firmados sin asesoría legal para los ejidos, sin las formalidades especiales establecidas por ley y de manera desventajosa e, incluso, sin consulta de por medio.
Estos contratos, las empresas eólicas y solares recurren a intermediarios, que son quienes hacen los contratos y elaboran las manifestaciones de impacto ambiental.
La creación de Sociedades de Producción Rural, con las que los grandes productores de cerdos y aves acceden a terrenos ejidales y la expropiación de tierras, mecanismo utilizado por los gobiernos para impulsar el desarrollo de megaproyectos.
