PLAYA DEL CARMEN, MX.- La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) suspendió las operaciones de la empresa Barcos Caribe, por tener vencidos los certificados Nacional de Seguridad, Nacional de Francobordo y Nacional de Seguridad Radioeléctrica.
La póliza de seguro de viajero venció en enero pasado
Además, la empresa propiedad de las familias de los ex gobernadores Roberto Borge Angulo y Félix González Canto, tenía vencida la póliza de seguro del viajero.
Ante esto, la dependencia federal ordenó la suspensión de servicios de ésta, en tanto no presenten los certificados y seguro vigentes.
A partir de este domingo 25 de febrero, surte efecto el mandato, como consta en el oficio con número 7.2.201.-215/2018 de la Dirección General de Marina Mercante y que es firmada por su titular Álvaro Guadarrama Mejía.
Tras la explosión del pasado miércoles 21 de febrero, que motivó una investigación para conocer las causas de esto, además de la SCT, la Secretaría de Marina y otros organismos se han dado a la tarea de verificar a detalle toda la documentación de la empresa Impulsora Marítima de Quintana Roo y el Caribe, conocida comercialmente como Barcos Caribe.
Fue producto de esta labor que la SCT detectó las inconsistencias señaladas arriba.
De hecho, la póliza del seguro venció apenas el 25 de enero de este año, por lo que las víctimas de la explosión y demás pasajeros, viajaron sin estar protegidos.
Si bien la empresa se ha hecho responsable, comenzaron a salir denuncias de algunos heridos que no recibieron la atención adecuada y la empresa no se ha preocupado por dar seguimiento a su estado de salud.
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Hasta que Barcos Caribe garantice el cumplimiento de las condiciones básicas de seguridad necesarias para la salvaguarda de la vida humana, como refiere el oficio citado, la SCT no permitirá que continúen operando la ruta marítima Cozumel-Playa del Carmen.
Finalmente, cabe recordar que la dependencia federal analiza si se le revoca su permiso para operar ante el proceso de investigación que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y la Procuraduría General de la República (PGR) realizan por la origen de la millonaria inversión y que le valió a los socios de la empresa fueran congeladas sus cuentas.
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