Retuvo la licencia tras multa por exceso de velocidad en un tramo no municipalizado; no hay convenio público con la SCT que lo respalde, señalan.
El pasado 10 de enero, una familia fue detenida e infraccionada en la carretera federal 307 por un presunto elemento de Tránsito identificado más tarde como Bertino Chavarría Hernández, quien habría actuado fuera de su jurisdicción municipal, en un hecho que podría configurar usurpación de funciones y abuso de autoridad.
De acuerdo con el testimonio de los afectados, el oficial se aproximó para detenerlos en un tramo de la 307 no municipalizado y en el que —aseguran— no existe acuerdo, convenio o concesión que faculte al municipio para imponer infracciones en esa vía federal. Aun así, el agente procedió como si tuviera competencia legal y levantó una boleta por exceso de velocidad, citando el artículo 167, al señalar que el vehículo transitaba a 110 km/h en una zona donde la señalización marca 80 km/h.
La situación escaló cuando el agente notó que el vehículo detenido era un Tesla, el cual cuenta con cámaras externas capaces de grabar de forma permanente. Según relató el conductor, el oficial se mostró visiblemente molesto al percatarse de que estaba siendo grabado, lo que elevó la tensión durante la intervención. A diferencia de otros elementos de Tránsito, el agente —afirma la familia— no portaba identificación visible en el uniforme, lo que dificultó reconocerlo o documentar correctamente sus datos desde el inicio.
Los afectados también indicaron que no hubo espacio para “arreglos” o “negociaciones” de ningún tipo —aclarando que no fue el caso—, aunque señalaron que el propio diseño de este tipo de infracciones suele abrir la puerta a abusos, ya que el procedimiento termina siendo altamente punitivo para el conductor. Finalmente, el oficial emitió la boleta y, según la denuncia, solo entonces reveló su nombre: Bertino Chavarría Hernández.
Uno de los puntos más delicados del caso es que, tras levantar la infracción, el agente retuvo la licencia de conducir y no la devolvió, permitiendo que la familia se retirara sin el documento. De acuerdo con lo narrado, para recuperarla se les exige pagar la multa y además se les informó que no aplica “aviso de cortesía” para turistas ni descuento, al considerarse una falta grave.
Esta retención —si se confirma que no hubo devolución inmediata ni procedimiento plenamente justificado— podría dar pie a la posible configuración de infidelidad en la custodia de documentos y reforzaría el señalamiento por abuso de autoridad, al tratarse de un documento personal retenido como mecanismo de presión para el pago.
Los denunciantes sostienen que este tipo de actuaciones no solo vulneran a automovilistas, sino que generan preocupación por presuntas prácticas irregulares contra turistas y ciudadanos que transitan por una vía federal. Incluso, plantean que el hecho de ir en un vehículo con cámaras —como el Tesla— pudo haber influido en que no se intentara “otro tipo de presión” (solicitar mordida), aunque puntualizan que esto es únicamente una apreciación derivada de la conducta del agente.
Hasta el momento, no existe documento alguno transparentado o dado a conocer al público que acredite que el municipio de Playa del Carmen cuente con algún acuerdo o convenio con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) —de carácter federal— que faculte a la Policía de Tránsito municipal para realizar este tipo de detenciones, retenciones de documentos o imposición de multas en ese tramo de la carretera federal 307.
En ese contexto, si el municipio sostiene que sí tiene atribuciones para operar así en una vía federal, corresponde que exhiba públicamente el convenio y su fundamento legal, así como el alcance y vigencia del mismo; de lo contrario, estos actos quedan bajo sospecha de extralimitación de funciones y de operar sin respaldo jurídico verificable.
