Cancún.– Un grupo de defensores de derechos humanos interpusieron una petición de juicio político en contra de Harley Sosa Guillén, ombudsman del estado quien abandona su cargo el 31 de diciembre, por su presunta omisión en cerca de 60 casos de tortura y abuso policiaco ocurridos en el estado.
Raúl Fernández, presidente de la Comisión Nacional e Internacional de Organizaciones de Derechos Humanos, afirmó que Sosa Guillén debiera ser incluso penado por la ley por incumplimiento de funciones, yendo a dar a la cárcel, por permitir la tortura y no intervenir en los 60 casos de tortura que no tienen avance alguno ante las instancias de justicia.
En rueda de prensa, mostraron una queja recibida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en contra de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (Cdheqroo), además de la petición de juicio político, ya con el sello de la Oficialía de Partes del Congreso del Estado.

Denuncia por usurpación de funciones

Raúl Fernández y su grupo están incluidos desde 2015 en el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos por la Secretaría de Gobiernación (Segob), pero fueron denunciados hace nueve meses por Sosa Guillén por usurpación de funciones, algo de lo que dicen todavía no estar notificados.
Esta denuncia, añadió, muestra la “escuela felixista” de Sosa Guillén, al pretender desacreditar como defensa y armar un expediente en contra de sus opositores. Por ello, dijo temer por sus familiares, pues “él le hizo muchos favores a mandos policiacos, a procuradores” y ellos no cuentan con protección policiaca, sólo un botón de pánico con GPS, de la Segob.
El activista señaló que él fue “levantado” por la policía municipal y debió ser rescatado por agentes federales en el Centro de Retención Municipal, situación que fue denunciada, pero cuyo caso no tiene avance alguno.
Añadió que este 12 de diciembre será la audiencia de Carmen Ramos Pérez, presentado como el feminicida de la univerisitaria Karen “N”, quien dijo fue torturado al grado de fracturarle la mandíbula e inflamarle los testículos.
“Salieron todos los feminicidas capturados por arte de magia, después de las manifestaciones”, comentó.
Tanto en este como en otros casos, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, presidida por Sosa Guillén, ha tenido una actuación nula. Incluso, acusó al personal de este organismo de hacer firmar desistimientos a los reos que se han quejado de tortura, para entregar este organismo en diciembre sin pendientes.
“Si los diputados hacen su trabajo, este señor tendría que ser destituido de inmediato”, afirmó Raúl Fernández. “¿Es correcto tener un ombudsman que permite la tortura? ¿Está apto para ocupar otro puesto?”