Chetumal.– Una iniciativa de reforma al Código Penal del estado, tildado como la “Ley Ingrid”, pretende sancionar con penas de cárcel a quien tome o difunda fotos o videos de escenas de crimen, situación que criminalizaría la labor periodística en el estado.
La propuesta fue ingresada por un bloque de 11 diputados de diversos partidos, y en teoría, sería similar a otras leyes “Ingrid” promulgadas en otras entidades, para evitar la revictimización de mujeres golpeadas o asesinadas, al ser difundidas estas imágenes en redes sociales o medios de comunicación.
Sin embargo, la ley es mucho más amplia de lo que se indica, pues no solo sanciona la difusión de imágenes de cadáveres, sino de simples fotos videos o “documentos” del lugar de los hechos, indicios, evidencias, objetos o incluso “instrumentos relacionados con el procedimiento penal o productos relacionados con un hecho que la Ley señala como delito”. Esto le daría a la Fiscalía autoridad discrecional para procesar a cualquier reportero que informe sobre un hecho delictivo, sus detalles o fotografías del lugar de los hechos.
Al estar enfocada en su espíritu, además, en la violencia de género, significaría que feminicidios u otros delitos de esta índole ya no serían informados por la prensa, por lo que perderían visibilidad
La iniciativa es respaldada por los diputados Édgar Gasca Arceo, Euterpe Gutiérrez Valasis, Ericka Castillo Acosta, Linda Cobos Castro, Paula Pech Vázquez, Cristina Torres Gómez, Atenea Gómez Ricalde, Iris Mora Vallejo, Tyara Schleske de Ariño, Ana Pamplona Ramírez y Judith Rodríguez Villanueva. Surge producto de diálogos con grupos feministas, en momentos en que la violencia de género se ha tornado en un tema especialmente álgido.
En los fundamentos, incluso se menciona explícitamente el feminicidio de “Jeydi”, sucedido en días pasados en Chetumal, y donde la foto de su cadáver embolsado fue difundida por el periódico amarillista “De Peso”, propiedad de Sipse/Novedades, además con la leyenda de “Envuelto pa’ regalo”, que generó amplia condena pública.
“Con la presente iniciativa se pretenden sancionar las violaciones que sufren las mujeres a través de expresiones de máxima violencia en su contra, que ocurren mediante la exhibición o tratamiento mediático “vulgar” de los crímenes de género que terminan por ocasionar un daño emocional en las víctimas indirectas y la sociedad”, se indica.
La reforma en sí, añade un artículo 204-Ter, que reza: “”Al que indebidamente difunda, entregue, revele, publique, transmita, exponga, remita, distribuya, videograbe, audio grabe, fotografíe, filme, reproduzca, comercialice, oferta, intercambie o comparta imágenes, audios, videos o documentos del lugar de los hechos o del hallazgo, indicios, evidencias, objetos, instrumentos relacionados con el procedimiento penal o productos relacionados con un hecho que la Ley señala como delito, se le impondrá prisión de dos a ocho años y multa de quinientas a mil unidades de medida y actualización”.
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El artículo trae agravantes si se trata de un cadáver o si la difusión fue cometida por algún agente policiaco (otros funcionarios quedaron excluidos de esta agravante).
La organización internacional Artículo 19, dedicada a defender al gremio periodístico, advirtió hoy en un comunicado que esta iniciativa “criminaliza la labor periodística sobre un asunto de interés público como es la violencia contra las mujeres en el estado”, por lo que exhortó al Congreso del Estado a rechazarla y mejor atender las causas de la violencia de género, sin crear una “ley mordaza”.
