La Unión Europea impuso a X, la red social de Elon Musk, una multa de 120 millones de euros (alrededor de 140 millones de dólares) por violar la Ley de Servicios Digitales (DSA), al considerar que la plataforma expuso a los usuarios a riesgos de estafas, manipulación y falta de transparencia publicitaria.
Los reguladores europeos concluyeron que X incurrió en tres infracciones ligadas a la transparencia que exige la DSA a las grandes plataformas digitales que operan en los 27 países del bloque. Esta normativa obliga a las empresas tecnológicas a proteger mejor a los usuarios, retirar contenidos dañinos o ilegales y ofrecer información clara sobre sus sistemas y anuncios, bajo amenaza de fuertes sanciones económicas.
La decisión marca la primera resolución formal de incumplimiento desde que la DSA entró plenamente en vigor, lo que convierte el caso contra X en un precedente emblemático para el resto de gigantes tecnológicos. La multa llega tras una investigación abierta hace dos años, en la que Bruselas ya había adelantado sus conclusiones preliminares sobre posibles violaciones de la plataforma.
Verificación azul y riesgo de estafas
Uno de los puntos centrales del expediente tiene que ver con las marcas de verificación azules de X, que los reguladores consideran una “práctica de diseño engañosa”. Según la Comisión, el sistema de pago por la insignia, sin una verificación significativa de identidad, dificulta que los usuarios distingan cuentas auténticas de perfiles falsos, lo que aumenta el riesgo de estafas y manipulación informativa.
Antes de la compra de la red social por Elon Musk, las marcas azules se reservaban principalmente a cuentas de figuras públicas, autoridades y perfiles influyentes, como ocurre en otras plataformas. Tras la adquisición en 2022, X abrió la insignia a cualquier usuario dispuesto a pagar una tarifa mensual, sin un filtro sólido sobre quién está detrás de cada cuenta.
Falta de transparencia en publicidad
Otro eje de la sanción se refiere a la base de datos de anuncios de X, que la Unión Europea considera incompleta y difícil de usar. La DSA obliga a las grandes plataformas a mantener un registro accesible de todos los anuncios, incluyendo quién los paga y a qué público se dirigen, para facilitar la detección de campañas engañosas o de influencia coordinada.
La Comisión Europea apuntó que la base de datos publicitaria de X presenta trabas técnicas, retrasos en el procesamiento y otros obstáculos que complican su uso por investigadores y autoridades. Esa opacidad, sostiene Bruselas, impide evaluar adecuadamente los riesgos sistémicos para los usuarios europeos derivados de la publicidad digital.
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Los reguladores también acusan a X de imponer “barreras innecesarias” al acceso de datos públicos por parte de investigadores independientes. Ese bloqueo limita los estudios sobre desinformación, campañas de odio y otros riesgos que la DSA obliga a monitorear en profundidad.
La resolución tiene además un componente político, ya que se prevé que genere fricciones con el gobierno del presidente Donald Trump, cuya administración ha criticado duramente las regulaciones digitales europeas y las ha calificado de ataques contra empresas tecnológicas estadounidenses.
X no respondió de inmediato a las solicitudes de comentario sobre la multa, mientras la Unión Europea recalca que el caso busca enviar una señal clara: engañar a usuarios, opacar información de anuncios y excluir a investigadores no tiene cabida en el ecosistema digital europeo.
Con información de Proceso.
