Mérida, Yucatán.- El Tribunal Unitario del Décimo Cuarto Circuito confirmó el auto de formal prisión dictado en contra del médico cirujano César Augusto M. P., a quien se le acusa de causar la muerte de una de sus pacientes.
De esta forma, continuará el proceso en su contra como probable responsable del delito de homicidio culposo, ocasionado por negligencia médica.
El caso se ventila en el Juzgado Quinto de Distrito, donde se dictó la orden de aprehensión en contra del galeno y, al resolverse sobre su situación jurídica, se le formuló el auto de formal prisión, aunque sin prisión preventiva.
La defensa del galeno presentó un recurso de inconformidad por la resolución del Juez de Distrito, por lo que se turnó el caso al magistrado Pablo Vicente Monroy Gómez, titular del Tribunal Unitario, que confirmó el auto dictado.
El doctor fue detenido el año pasado por agentes de la Policía Federal Ministerial, acusado de homicidio culposo, ante una posible negligencia médica al perforarle la aorta a Karina Olivera Mar, a quien operó en 2014 para extraerle la vesícula.
El Jefe de la División de Cirugía del Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán fue denunciado por el esposo de la víctima ante la Delegación local de la Procuraduría General de la República (PGR), tomando en cuenta que dicho nosocomio pertenece a la Secretaría de Salud federal.
Los hechos iniciaron en 2013, cuando a la mujer se le indicó que tenía pequeñas piedras en la vesícula, por lo que lo más indicado era una cirugía para extraer el órgano, operación que era prácticamente sin riesgo y sobre todo muy común y sin necesidad de abrir a la paciente, mediante un procedimiento de “colecistectomía laparoscópica”.
Se acordó que la operación se llevaría al cabo el 30 de julio del 2013 y que la practicaría el cirujano hoy inculpado.
Ese día, a las 4:30 de la tarde, fue trasladada a la unidad de cuidados intensivos porque presentaba choque hipovolémico hemorrágico, ya que durante la intervención quirúrgica se le había perforado la aorta, lo que le causó la muerte horas después, a las 00:45 horas del 31 de julio, por un paro cardiorrespiratorio consecuente a la pérdida de sangre ocasionada.
Tras ser detenido, el doctor recuperó su libertad bajo fianza, pagando 535 mil pesos para obtener ese beneficio, aunque el procedimiento en su contra continúa hasta ahora por el fallo en contra del Tribunal Unitario.