Cancún.- Un juez federal le exigió a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), a que justifique jurídicamente la apertura de las mil 500 cajas de seguridad de la empresa First National Security, al determinar que la orden de cateo utilizada por la autoridad aplicaba solamente para el inmueble, según se desprende del fallo de un amparo indirecto, interpuesto por los afectados.
Según el documento derivado del juicio de amparo 1792/2017, compartido por los propietarios perjudicados por la inmovilización de estas cajas, el juez séptimo de distrito advirtió que la dependencia federal obtuvo una orden de cateo para el inmueble First National Security, pero sin informar que se trataba de un comercio dedicado a la renta de cajas de seguridad. El magistrado, por tanto, no pudo autorizar el cateo de unas cajas cuya existencia ignoraba. Además, se incumplió el plazo de 48 horas impuesto por el juez para ser informado de esta diligencia, pues el ministerio público federal lo hizo más de una semana después.
Otro argumento es que el cateo concluyó, hasta el plazo otorgado, sin la apertura de la bóveda, por carecer de las herramientas para hacerlo. La decisión de abrirlas vino después y debió constituir una técnica de investigación distinta a la primera, requiriendo su autorización judicial separada.
Por esto, el juez séptimo ordena al ministerio público federal para que informe dentro de tres días hábiles si contaba con autorización judicial para abrir las cajas y que justifique que la investigación está dirigida a cada propietario de estas cajas, so pena de ser multados.
