Andrés Manuel López Obrador firmó un decreto mediante el cual se blinda a todos los megaproyectos del gobierno federal. Se les considera un asunto de seguridad nacional, por lo que todas las dependencias estarían obligadas a aprobar cualquier trámite o solicitud que tengan que ver con los mismos. A su vez se mantendrá la secrecía en cuanto a la información referente a los mismos.
Este decreto se realizó amparado por diversos artículos de la Constitución Política, como el numero 26, el cual establece que el estado tendrá a su cargo un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional.
De acuerdo con este decreto publicado la noche de este lunes en el Diario Oficial de la Federación (DOF) los proyectos y obras a cargo del gobierno y que son considerados de interés público abarcan los “sectores de comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades, energético, puertos, aeropuertos, y otros sectores prioritarios y/o estratégicos que contribuyen al crecimiento y a la seguridad nacional del país”.
En este acuerdo se da por enterado a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, quienes deberán “otorgar la autorización provisional a la presentación y/u obtención de los dictámenes, permisos o licencias necesarias para iniciar los proyectos u obras a que se refiere el artículo anterior”.
Esto significa que se garantizará su ejecución oportuna, el beneficio social esperado y el ejercicio de los presupuestos autorizados, dejando de lado procesos ambientales, de viabilidad, entre otros.
Lo anterior supone riesgos para los expertos, quienes creen que este decreto permitirá afectaciones medioambientals, o incluso desplazamiento de comunidades, todo en nombre de los megaproyectos del gobierno de AMLO.
El decreto también establece que las autorizaciones provisionales para estos proyectos tendrán una vigencia de 12 meses, contados a partir de su emisión. A lo largo de este periodo los responsables de cada proyecto deberán trabajar en la obtención, conforme a las disposiciones aplicables, de las autorizaciones definitivas.
También se estableció que no se autorizarán presupuestos adicionales ni para el actual, el próximo ni cualquier otro ejercicio fiscal subsecuente. ¿Se cumplirá?
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¿Qué opinas de que los megaproyectos del gobierno federal queden protegidos por este decreto? Así obtendrçán los permisos que necesiten aún cuando causen afectaciones al medio ambiente o a las propias comunidades. Además toda la información quedará protegida y no podrá ser del dominio público, no se podrán conocer los detalles. ¿Estás de acuerdo?
Con información de Infobae y Milenio.
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