Nos encontramos a más de la mitad del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador y el asunto del Tren Maya ha trascendido lo político y económico para transformarse en un proyecto emblema del gobierno y que pone todos los focos sobre la zona
Una de las batallas más zonadas en medio de la controversia es el enfrentamiento abierto que el presidente de la República ha tenido con todo aquel critique o se oponga a la contrucción del megaproyecto.
Políticos, empresarios, artistas, ambientalistas y diversos miembros de la sociedad civil han sido ninguneados por el mandatario federal cada vez que este ha tenido la oportunidad.
Pero no solamente son personas y asociaciones de carácter privado las que se han visto encargas de fiscalizar el megaproyecto, pues ahora El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos Personales (INAI), ordenó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), que le dé carácter público a la autorización provisional otorgada para la construcción del Tramo 4 del Tren Maya.
Esta fue otorgada basándose en un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el pasado 22 de noviembre de 2021, en el se “declararon de interés público y de seguridad nacional”, los proyectos del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Sobre lo anterior, la la comisionada presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra Cadena, señaló que se debe garantizar la transparencia en los procedimientos de este caso.
Prioridad de transparencia deberán tener las autorizaciones que permiten la construcción del Tren Maya, proyecto emblemático del sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
Lo anterior debido al impacto en el ecosistema que puede llegar a tener el proyecto ferroviario más controvertido de la historia reciente.
El INAI señaló que en diciembre de 2021 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), promovió una controversia constitucional contra el acuerdo del presidente que prohibía la difusión y entrega de información relacionada con los proyectos de infraestructura del gobierno.
“La Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó la suspensión respecto de esta vertiente, al considerar que la reserva general que se deriva del Acuerdo presidencial afecta nuestra competencia, ya que nos corresponde velar por el derecho de acceso a la información pública”, explicó la comisionada del INAI.
De igual manera señaló que el ciudadano que solicitó conocer la autorización provisional no quedó conforme con la resolución y presentó un recurso de revisión ante el INAI,
“La dependencia agregó que proporcionar información sobre las autorizaciones provisionales podría generar presiones para las personas servidoras públicas involucrados en la toma de decisiones, lo cual afectaría su imparcialidad al momento de emitir una resolución”, refirió Ibarra Cadena.
El análisis realizado por los integrantes del INAI, arrojó el resultado de que la reserva de información es improcedente.
“Además, se advirtió que se trata del documento en el que se sustenta la realización de los trabajos del proyecto”, sentenció el Instituto.
(Con información de Proceso)
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