Luego de tener acceso a los borradores de la Ley de Movilidad, el Observatorio Legislativo de Quintana Roo, aseguró que esta reforma de ley planteada no estaría generando el piso parejo que han solicitado algunos prestadores de servicios. Incluso denuncia que sigue beneficiando de manera marcada a los sindicatos de taxistas de la entidad.
Para el organismo, el gran número de intereses que hay en torno a este servicio, y que se ve más como un gran negocio que como solución a los problemas cotidianos de los ciudadanos, han detenido la definición legal del tema.
De entrada el Observatorio Legislativo considera un desacierto que se considera en igualdad de circunstancias al servicio público que al privado, pues cada uno tiene sus particularidades y eso debiera tomarse en cuenta.
“Se mantiene el principio de regular la actividad de los medios de movilidad del sector privado en la misma forma que los del sector público. No se entiende que los transportes privados de uso comercial están dentro de otro contexto constitucional normativo; y los medios de transporte público ahora están dentro de nuevos esquemas de mercado de oferta y demanda y no solo del modelo de uso concesionado. Aún así en la iniciativa a uno le requiere una concesión y a la otra le denomina permiso de operación”, señala el organismo en un comunicado.
Agrega que el piso parejo del que han hablado no se ve reflejado en la ley, y que de hecho es notoria la preferencia que se le da al gremio de los taxistas. Por ejemplo, un taxi puede ser conducido por cualquier persona, pero un vehículo de plataforma solo por el dueño.
“A los permisos de transporte mediante una plataforma digital se les condiciona a que el propietario del vehículo sea quien opere la unidad, mientras que a los concesionados no se les pone dicha situación. Imaginemos que los dirigentes del sindicato de taxistas que tienen concesión de placas estuviesen manejando su unidad como una condición para el servicio”, expuso el Observatorio Legislativo.
A ello hay que agregar que no se les permitirá más de una unidad a los conductores de plataformas, cuando es bien sabido que hay personas que son propietarias de varios taxis, incluidos funcionarios y ex funcionarios.
Además para que los taxistas incorporen sus taxímetros a sus unidades dieron un largo plazo de dos años, el cual dicen curiosamente se vence después del proceso electoral de 2024.
También critica que se obligue a los vehículos de plataformas tipo Uber a estar conectados vía GPS al C5, lo cual podría considerarse violatorio a los derechos humanos. Y, en cambio, aunque es sabido que múltiples delitos se han cometido a bordo de los taxis, no se les pide lo mismo a los “martillos”. Piden que los taxistas deberían estar obligados igualmente a tener geolocalizador.
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En conclusión, el Observatorio Legislativo que encabeza Eduardo Galaviz Ibarra considera que si se aprueba esta Ley de Movilidad podría generar que más adelante alguien se ampare contra la misma, pues es notorio que no hay un piso parejo para los diferentes prestadores de servicio y que incluso los propios ciudadanos podrían oponerse a ella. Piden a los legisladores analizarla con detenimiento y no solo aprobarla sin mejorar la redacción.
