Quien fuera funcionaria de Roberto Borge, Claudia Romanillos Villanueva, y estuviera al frente del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado (IPAE) de Quintana Roo, tendrá una audiencia el próximo 15 de agosto en la que se determinará si se le concece un amparo.
Cabe resaltar que la exfuncionaria lleva cerca de ocho años prófuga de la justicia. Su nombre ha vuelto a relucir debido a la investigación que mostró cómo Manuel Bartlett y su familia adquirieron terrenos en Quintana Roo incluso a cero pesos. Ella lo habría favorecido desde el IPAE.
A Claudia Romanillos se le acusa de presuntamente favorecer a allegados políticos y familiares del exgobernador Roberto Borge Angulo a partir de la venta de predios de alto valor a un miuy bajo costo.
Por ello hay investigaciones en su contra por delitos como cohecho, peculado y uso ilícito de la función pública por denuncias interpuestas por el gobierno del sucesor de Roberto Borge, Carlos Joaquín González, hoy embajador de México en Canadá.
Una vez que se giraron órdenes de aprehensión en su contra, la ex funcionaria borgista tramitó demandas de amparo para no ser detenida. Juzgados federales le concedieron suspensiones.
En 2018, se informó que estos amparos quedaban sin efecto ya que Claudia Romanillos no cubrió el monto que le había pedido como garantía un juez federal. Y aunque se le ha buscado, hasta el momento sigue prófuga de la justicia.
Según ha trascendido, la exfuncionaria podría vivir en Yucatán, estado donde ha tramitado varios amparos.
Y sobre estas solicitudes, será este 15 de agosto cuando habrá una audiencia en la que se decidirá si la borgista acusada de daños al erario por más de mil 500 millones de pesos obtiene o no un amparo.
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De los distintos cargos por los que se le señala, ha resonado en los últimos días el caso de los predios que adquirieron Julia Abdalá y León Manuel Bartlett Álvarez, pareja e hijo de Manuel Bartlett Díaz, titular de CFE y funcionario del gobierno de AMLO.
Uno de estos casos es el de un terreno en Puerto Morelos de 3.8 hectáreas que habría sido presuntamente adquirido a cero pesos. El lugar quedó fuera de los decretos de expropiación federales para las obras del Tren Maya y ahora se construyen villas turísticas en ese sitio. Estas operaciones se habrían dado, presuntamente, gracias a Claudia Romanillos.
Con información de Proceso.
