El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) realizó un informe del “Presupuesto 2023-2024: Transición energética y cambio climático”, que dejó ver que la falta de cumplimiento de los acuerdos que hizo México están directamente relacionados con un tema presupuestal.
En colaboración con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), la CIEP reveló que el presupuesto asignado en 2023 y 2024 para la disminución de emisiones de gases de efecto invernadero no permitió “el avance hacia la descarbonización de la economía”, especialmente en el sector eléctrico, que fue donde las GEI incrementaron 11.4%.
El documento realizado por el CIEP indicó que de los 243.705 millones de pesos identificados en los anexos Estrategia de Transición para Promover el Uso de Tecnologías y Combustibles más Limpios y Recursos para la Mitigación de los Efectos del Cambio Climático, del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2024, solo se destinaron 62 mil 241 mdp (25.5%) para acciones a favor del clima.
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Si bien, el análisis apuntó que el presupuesto en los anexos transversales contempla 155.2% más presupuesto en energías limpias, del Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (PRODESEN) 2024-2028, “la capacidad instalada neta de ciclo combinado que se sumaría sería 358% mayor a la capacidad instalada de energías limpias”.
El estudio del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria y CEMDA indicó que hay “una discrepancia entre los recursos asignados y su finalidad”, debido a que del presupuesto total asignado para 2024, al menos un 49.2% se ha dirigido al Tren Maya, “un proyecto no vinculado directamente a la mitigación del cambio climático”.
Asimismo, se acentuó que al menos 26 de los 63 programas a los que se está dando esa parte del presupuesto no están vinculados directamente con la transición energética y cambio climático, incluso hay proyectos donde hay duplicidad de recursos, principalmente en la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Secretaría de Energía (SENER).
Por lo anterior, el CIEP advirtió que se necesita realizar una revisión rigurosa de los programas y recursos incluidos y destinados para cada programa, ya que de lo contrario no se estarían cumpliendo con los acuerdos internacionales aceptados, por ende, sugirió establecer políticas energéticas y ambientales conectadas a una asignación eficiente del presupuesto.
