CANCÚN, 22 de octubre de 2024.- “Impulsora Marítima de Quintana Roo y del Caribe”, propietaria de “Barcos Caribe”, cuyo presunto propietario es el exgobernador Roberto Borge Angulo, volvió a fracasar en su intento por reanudar operaciones entre Playa del Carmen y Cozumel, y viceversa.
Las autoridades de la Sala Regional del Caribe y Auxiliar, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), rechazó nuevas pruebas del juicio promovido por los socios de “Barcos Caribe” para la restitución de la concesión del cruce federal a la isla de Cozumel.
En febrero pasado, la Sala Superior del TFJA determinó no atraer la demanda interpuesta contra dependencias del gobierno federal, que revocaron la concesión a la naviera tras la explosión en 2018 en uno de sus barcos, en la terminal marítima de Playa del Carmen.
En un acuerdo dictado el pasado miércoles 16 de octubre, dentro del juicio de nulidad administrativa del expediente 702/22-20-01-8, se determinó cerrar el proceso legal y se anunció el inminente dictado de sentencia.
“Se tienen por formulados oportunamente los alegatos de su parte en el presente juicio. Por otra parte, no ha lugar a admitir las pruebas ofrecidas por la enjuiciada”, se lee en el acuerdo dictado dentro del citado expediente.
La sociedad mercantil “Impulsora Marítima de Quintana Roo y del Caribe” demandó, en juicio de nulidad, a las secretarías de Marina Armada de México y a la de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, que regulan las concesiones de vía marítima.
En este contexto, la Sala Regional, con sede en Cancún, se prepara para emitir sentencia: “Se declara cerrada la instrucción del presente juicio, por lo que en cumplimiento al oficio ATR1aS74/24 (…) remítanse los autos que integran el juicio a efecto que en su momento se emita la sentencia definitiva que corresponda”, se agrega.
De acuerdo con la Secretaría de Economía (SE) del gobierno federal, la empresa presuntamente ligada a Borge Angulo fue constituida como sociedad mercantil en 2012.
En 2015, la empresa inauguró la naviera “Barcos Caribe” para prestar el cruce marítimo en la ruta Playa del Carmen-Cozumel. Los socios están relacionados con el delito de daño al patrimonio al estado.
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En su momento se les iniciaron procesos penales y, desde 2017, la sociedad mercantil quedó asegurada por la entonces Procuraduría General de la República (PGR). Poco después, por la explosión en uno de sus ferris la naviera fue retirada y, por ende, su concesión.
