Las comunidades indígenas, campesinas, urbanas y costeras de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, con organizaciones de la sociedad civil, obtuvieron judicialmente una suspensión definitiva para la construcción de tres tramos del Tren Maya, inaugurado en partes.
Se trata de los tramos 5 Norte (Cancún-Playa del Carmen), 5 Sur (Playa del Carmen-Tulum) y 7 (Escárcega-Chetumal) luego de que la autoridad judicial consideró que no se han cumplido con los principios ambientales para garantizar el derecho a un medio ambiente sano.
El fallo fue emitido por el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa de Mérida, Yucatán, como parte del amparo presentado en julio de 2020 contra las afectaciones ambientales ocasionadas por ese megaproyecto.
Según la organización internacional ambientalista Greenpeace, el tribunal sustentó su decisión en los recientes criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que enfatizan la necesidad de garantizar los principios de prevención, precaución e in dubio pro natura (ante la duda, a favor de la naturaleza).
En ese contexto, se consideró que la existencia de autorizaciones de impacto ambiental y cambios de uso de suelo dudosos no basta para cumplir con esos principios.
Sin evidencia
En los tramos 5 Norte y Sur se determinó que, pese a la manifestación de impacto ambiental (MIA) y su evaluación autorizada, cumplen con una premisa básica de precaución, y que es indispensable satisfacer también los de prevención e in dubio pro natura.
Por ello, se ordena que la suspensión permanezca hasta que dos certezas: los estudios geológicos, geohidrológicos y geofísicos que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ordenó como condicionantes de la autorización de impacto ambiental.
Y que los resultados de esos estudios se den a conocer y sean evaluados por la autoridad ambiental en los tramos 5 Sur y sus correlativos en el tramo 5 Norte.
En el caso del Tramo 7, el tribunal identificó que la autorización de la MIA fue emitida condicionada, exigiendo a las firmas encargadas de las obras cumplir con más de 12 condicionantes antes de su inicio.
Entre otras: el Estudio Técnico Económico, Programa de Rescate y Reubicación de Flora y Fauna Silvestre, y el Programa de Prevención, Mitigación y Manejo de Contingencias Ambientales, así como el de Conservación del Paisaje Kárstico.
Hasta la fecha no hay evidencia de que hayan sido solventadas. Por esas razones se concedió la suspensión definitiva para que las autoridades del proyecto acrediten ante el juzgado el cumplimiento de todas las condicionantes establecidas en las MIA’s.
Asimismo, el Tribunal Colegiado concedió la suspensión definitiva para paralizar las obras del Tren Maya, hasta que las autoridades encargadas del proyecto acrediten al Juzgado Primero de Distrito de Yucatán que se han cumplido las condiciones establecidas en la autorización, siempre y cuando el tramo 7 no esté en operación.
Un llamado
Si bien la suspensión tenía el propósito de detener por completo las obras en el tramo 7, su emisión resulta tardía porque el proyecto ya ha alcanzado una etapa avanzada de ejecución, lo que genera dudas sobre la efectividad del amparo como mecanismo de protección eficaz.
Asimismo, es preocupante que el Tribunal Colegiado siga priorizando el crecimiento económico por encima de los riesgos significativos para los ecosistemas y los recursos naturales involucrados como factor para determinar el alcance de la suspensión.
Se trata de una visión reduccionista que subestima la importancia de la conservación ambiental y la protección de los bienes naturales que sustentan la vida, de acuerdo con Greenpeace.
Ese enfoque contraviene lo establecido por la SCJN, que ha señalado que, en casos de colisión entre el derecho a disfrutar de un medio ambiente sano y los intereses económicos o de desarrollo, deben adoptarse las medidas necesarias para proteger al medio ambiente.
“No obstante, reconocemos como un avance importante que se haya considerado necesario ir a fondo y analizar las violaciones de derechos humanos en el juicio principal, que sigue pendiente y sin fecha determinada”, precisó la organización ambientalista.
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Es fundamental hacer un llamado al Poder Judicial Federal, por medio del Juzgado Primero de Distrito en Mérida, para que analice el fondo del asunto priorizando la protección del medio ambiente y las comunidades afectadas.
Las comunidades y organizaciones de la península de Yucatán continuarán defendiendo el derecho a un medio ambiente sano, y reafirman que el Tren Maya es un proyecto que atenta contra la naturaleza y los derechos humanos.
¡Palo al Tren Maya! Suspensión definitiva contra tramos 5 Norte, 5 Sur y 7 por atentar contra un medio ambiente sano
