Luis Carrión, afectado por el robo a casa habitación en Bacalar, manifestó su desacuerdo con la decisión del juez Eduardo Utrilla López de cambiar la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, obligatoria para delitos graves como el robo a casa habitación, y dejar en libertad a los acusados Samuel Jaime Acuña Jenkins y su pareja, Viktoriya Ankudinova.
Utrilla López solo impuso solo firma periódica, prohibición de salir del país y brazalete electrónico.
Según Luis Carrión el juez no fundamentó ni motivó su fallo y basó su criterio en razonamientos confusos, sin estudio jurídico ni soporte constitucional. En palabras simples: actuó sin sustento y fuera del marco de la ley.
“El artículo 19 de la Constitución es claro: ciertos delitos deben mantener la prisión preventiva de manera oficiosa. No se interpreta, no se negocia. Sin embargo, el juzgador decidió ignorarlo, abriendo una puerta peligrosa. Si se toleran decisiones como esta, mañana podrían salir violadores, secuestradores o delincuentes de alto riesgo con los mismos argumentos”, detalla Luis Carrión.
Además, reveló que la Dirección de Medidas Cautelares (Umecas) ha informado desde diciembre de 2024, por distintos medios oficiales, que no cuenta con brazaletes electrónicos disponibles. En otras palabras, los jueces están ordenando libertades condicionadas a dispositivos que no existen.
Te puede interesar: Denuncian influyentismo en caso de empresario Samuel Acuña, acusado de “fraude y robo a casa habitación” en Bacalar
La propia Umecas ha advertido que ya no se deberían conceder salidas bajo esa modalidad, porque no pueden garantizar el monitoreo de los liberados. Aun así, el juzgado hace caso omiso. Sabe que los brazaletes no están operando y aun así autorizó la salida de imputados que pueden sustraerse de la acción de la justicia, no pagar los daños a las víctimas y evadir su responsabilidad.
Este es el caso que ocupa la controversia entre Luis Carrión como víctima y los imputados Samuel Acuña y Viktoriya Ankudinova, en el posible delito de “fraude y robo a casa habitación”, pero el juez Eduardo Utrilla López determinó cambiar la medida cautelar.
Para finalizar urgió que la Gobernadora de Quintana Roo mire lo que está ocurriendo en los tribunales del Estado, Porque la justicia no puede ser un privilegio de unos cuantos con recursos o influencias.
Con información de Reporte Maya – Agencia SIM.

