Hace unos días se dio a conocer que el empresario Samuel Jaime Acuña responsabilizaba públicamente al presidente municipal de Bacalar, José Alfredo Contreras Méndez “Chepe” de acoso, amenazas e intento de despojo del centro turístico “El Aserradero“, lugar que rentó en 2023 para establecer su negocio “Itzá Bar & Brasa“, pero, supuestamente a base de engaños.
El empresario habría solicitado el arrendamiento del balneario municipal “El Aserradero” bajo la premisa de liderar un grupo restaurantero con más de tres décadas de experiencia en el giro gastronómico a nivel nacional, especializado “en diferentes conceptos de carnes, mariscos, fusiones asiáticas, cantinas mexicanas familiares y taquerías”.
En la solicitud Samuel Acuña y su pareja, la rusa, Viktoriya Ankudinova, dijeron manejar las marcas “Grupo Taquearte, (“Taquearte”, “La Federal”), Grupo Sonora (“Sonora Grill”, “Sonora Grill Prime”, “Parilla Urbana”), Grupo Cinbersol (“50 Friends”, “Asadero Uno”, “La Cabrera”, “Fat Crow”, “Ivoire”, “Cantina La No.20″,”Léntrecote”, “Nikki Heston”,”Pier 18″,”), lo que parece ser falso, aparentemente.
Aunado a lo anterior, también son acusados de cometer presunto robo a casa habitación, según reza la carpeta administrativa 510/2025, que se gira contra “Samuel Jaime Acuña Jenkin y Viktoriya Ankudinova, por su probable participación en el hecho delictuoso de Fraude y Robo a Casa Habitación”. Esto derivó en su detención y traslado al Centro de Rehabilitación Social (Cereso) de Chetumal.
El proceso que inició en septiembre pasado ya lleva varias audiencias, la última realizada el viernes 17 de octubre, cuando se realizó una audiencia extraordinaria para solicitar la suspensión condicional del proceso y revisión de medidas cautelares. Esto a través de videoconferencia. El juez de Control, Rodrigo Barrera habría aceptado la justificación médica de la víctima, quien se encontraba imposibilitado para conectarse. La audiencia se pospuso para el 4 de noviembre de 2025.
Sin embargo, un día después, el sábado 18 de octubre, se notificó al Ministerio Público como a Acuña Jenkin sobre una nueva audiencia programada para el 23 de octubre de 2025 a las 16:00 horas, con el fin de revisar la solicitud de suspensión condicional al proceso y las medidas cautelares vigentes, pero ahora bajo el juicio de Marbella Doporto Orozco, protegida de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo.
De acuerdo con Noticaribe, antes de ser electa como jueza, Doporto Orozco se desempeñó en la consejería como Directora de Asuntos Contenciosos, además de haber trabajado como titular de la Segunda Sala Ordinaria y Especializada en Materia Fiscal y Tributaria del Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción de Quintana Roo. Asimismo, antes fue servidora pública en la Dirección General de Notarías del Estado.
Estas influencias habrían cambiado la resolución del juez Rodrigo Barrera y adelantado la audiencia del 4 de noviembre al 23 de octubre, situación inusual y que levanta las alarmas sobre un posible juicio mal ejecutado.
Por su parte, el abogado José Félix López, aseguró que este cambio de audiencia no tiene justificación legal alguna y viola los derechos humanos de su representado, quien presentó un justificante médico para solicitar que se respeten los 15 días de incapacidad de la víctima.
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También se acusa a Héctor Hernán Pérez Rivero, regidor del Ayuntamiento de Othón P. Blanco de utilizar sus influencias dentro del gobierno estatal para voltear la justicia a su favor, al ser un afiliado de Morena.
Finalmente, la víctima hace un llamado a Heyden Cebada Rivas, Magistrado Presidente del Poder Judicial del Estado, para que no se violen sus derechos humanos.
Con información de Noticaribe y Agencia SIM.
