La Fiscalía General de la República investiga a políticos y empresarios de Baja California, entre ellos a Carlos Alberto Torres Torres, excoordinador de Proyectos Especiales del gobierno de dicha entidad, y exesposo de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.
El citatorio exige la comparecencia de Torres Torres en las oficinas centrales de la FGR, ubicadas en la avenida Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México, acompañado de un abogado y documentos de identificación oficial.
La denuncia, calificada como anónima por algunos de los implicados, abarca al menos a 20 personas, incluyendo al alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz; el exalcalde de Ensenada y actual senador, Armando Ayala Robles; el empresario Fernando Rafael Salgado Chávez; y el hermano del exesposo de Marina del Pilar, Luis Alfonso Torres Torres.
Torres Torres, quien fue el centro de atención mediática en mayo pasado cuando junto a su entonces esposa anunciaron la revocación de sus visas de turista por parte del gobierno de Estados Unidos, enfrenta ahora cargos formales como imputado. Según los oficios de la FGR de los que algunos medios han obtenido una copia.
Esto ocurre en medio de una investigación por operaciones con recursos de procedencia ilícita y presuntos nexos con la delincuencia organizada. El caso, que involucra a figuras políticas clave de la entidad fronteriza, ha generado revuelo tras la filtración de documentos judiciales que circulan.
En octubre de este año, la gobernadora Marina del Pilar anunció su divorcio en proceso, tras meses de especulaciones sobre presiones de Washington por supuestos lazos con el narcotráfico.
Burgueño Ruiz, exedil de Tijuana, por su parte, confirmó haber recibido su citatorio y criticó públicamente su filtración, argumentando que se trata de una “denuncia anónima” sin sustento. “Estamos tranquilos porque no hay nada qué temer”, declaró el alcalde durante una conferencia de prensa.
Hasta el momento, ni Torres Torres, ni su exesposa Marina del Pilar han emitido declaraciones oficiales sobre el citatorio.
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Cabe resaltar que el 19 de mayo, el semanario Zeta reveló que Torres y su hermano Luis Alfonso están bajo investigación por tráfico ilegal de diésel (huachicol), evasión fiscal, lavado de dinero y delincuencia organizada. La carpeta de la FGR, abierta el 26 de marzo de 2025, surgió del aseguramiento en Ensenada de un predio con contenedores que albergaban casi 8 millones de litros de combustible ilícito procedente de Texas. El Departamento de Seguridad del Interior indaga por conspiración para delitos y lavado.
El 10 de noviembre, el Departamento del Tesoro de EU sancionó a una red ligada al Cártel de Sinaloa, incluyendo a Jorge Arturo Rojas Navarro, socio de José Galicot Behar. Este empresario, amigo cercano de Torres, comparte con él lazos políticos y empresariales documentados en eventos públicos y proyectos regionales.
Con información de Proceso.
