Luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó sobre la existencia de un sistema de lavado de dinero a través de la extorsión en la región de La Laguna, encabezado por Edgar “N”, alias “El Limones”, un grupo de 20 empresarios aseguró que la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), liderada por Pedro Haces, sí está detrás de este modelo y que el esquema ya se estaría replicando en Sonora.
Los empresarios, pertenecientes a giros de la industria manufacturera, exportación, servicios y comercio —por razones de seguridad prefirieron no revelar su identidad—, afirmaron que ya presentaron denuncias formales contra la CATEM de Sonora, al considerar que existe un patrón sistemático de presunta extorsión bajo el amparo del nuevo modelo laboral.
De acuerdo con los denunciantes, las querellas señalan directamente a liderazgos sindicales de la CATEM en Sonora, en particular a Carolina Lara Moreno, Marisela Parra Martínez y Brenda Esquer Palma.
Según el testimonio de los empresarios, estas personas estarían ejecutando un modus operandi en el que la extorsión se articula mediante el uso presuntamente fraudulento del nuevo modelo laboral.
Una práctica que, aseguran, “afecta de manera directa la operación de empresas formales, la estabilidad laboral de cientos de trabajadores y el clima de inversión en la entidad”.
En el caso de Carolina Lara Moreno, los empresarios indicaron que además de fungir como actual secretaria general de la CATEM en Sonora, cuenta con trayectoria política previa, al haberse desempeñado como diputada local por el PAN y como dirigente del partido Fuerza por México, y que sería una de las principales artífices del esquema, junto con sus colaboradoras.
Los empresarios afirmaron que, al consultar directamente a sus trabajadores, las compañías han confirmado que no reconocen a estas lideresas, ni han otorgado respaldo sindical alguno ni tienen conocimiento de supuestas afiliaciones o representaciones.
Respecto a Marisela Parra Martínez, señalaron que se presenta como la experta operativa del sindicato CATEM, al ser quien encabeza las negociaciones y da la cara frente a los empresarios, particularmente en los momentos en los que se ejercen presiones económicas.
El esquema denunciado, detallaron, sigue un patrón definido, emplazamientos laborales promovidos sin aval real de los trabajadores, seguidos de exigencias de pagos mensuales o de montos económicos específicos a cambio de “desistirse” de la huelga.
Además denunciaron que se promueven solicitudes de constancias de representatividad que contienen firmas presuntamente falsificadas, sin el conocimiento ni consentimiento de los trabajadores.
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Estas constancias son posteriormente utilizadas para exigir la firma de contratos colectivos y para emplazar a huelga, generando, según los empresarios, presión económica directa sobre las empresas por parte de la CATEM.
La preocupación se concentra especialmente en Nogales, un punto estratégico para el comercio exterior y la industria maquiladora.
Los denunciantes recuerdan antecedentes similares en Coahuila y Durango, donde el mismo método evolucionó de presiones graduales a conflictos de mayor magnitud, con afectaciones económicas y laborales más profundas.
“Sonora no es la excepción. Es el mismo libreto, emplazamientos masivos, amenazas veladas y cobros ilegales”, sostienen.
Con información de Proceso.
