La jefa de gobierno, Clara Brugada presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Cultura Cívica para imponer arresto de hasta 36 horas a personas que aparten espacios o condicionen el uso de la vía pública a cambio de un pago. La medida fue anunciada durante una conferencia en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento y enviada al Congreso de la Ciudad de México para su análisis y votación.
La medida está causando polémica porque si bien hay mucha gente que apoya la propuesta, hay quienes consideran que es una manera de criminalizar a los pobres. Sin embargo las autoridades dicien que les darán opciones laborales a quienes se dedican a esta labor en las calles.
La iniciativa contempla la adición del artículo 28 Bis y reformas al artículo 31, para establecer sanciones a quienes “exijan, coaccionen o intimiden de cualquier manera” para obtener un pago por vigilar, cuidar o apartar vehículos en la vía pública. En caso de amenazas o agresiones, se prevé el traslado del caso a la Fiscalía de la Cdmx por posible comisión de delito.
De acuerdo con el proyecto entregado al Congreso, el arresto no podrá ser conmutado por multa o trabajo comunitario. Actualmente, la ley vigente permite sanciones como trabajo cívico o multa, incluso en casos donde se ocupan objetos para reservar lugares de estacionamiento.
La jefa de gobierno de la Cdmx señaló que la reforma no busca criminalizar la pobreza, sino atender causas estructurales. A través de programas impulsados por la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo y la Secretaría de Desarrollo Económico, el Gobierno capitalino ofrecerá alternativas laborales, capacitación y apoyo para el emprendimiento.
“Muchas de las personas que realizan esta actividad enfrentan exclusión del mercado laboral o situaciones de desigualdad. Por eso también estamos generando oportunidades de inclusión”, expresó la mandataria capitalina.
Además de la reforma legal, el gobierno capitalino lanzará la campaña “El espacio público es de todas y todos”, con el fin de informar a la ciudadanía sobre las conductas prohibidas, las sanciones correspondientes y las vías para reportar abusos en el uso de la vía pública.
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La Jefatura de Gobierno explicó en un comunicado oficial que esta campaña también busca fomentar la corresponsabilidad ciudadana en el respeto al espacio público, con herramientas legales y canales de denuncia al alcance de la población.
¿Qué opinas de la medida? Hay quienes están a favor de que los franeleros y los que apartan espacios en la vía pública sean sancionados y quienes creen que se están criminalizando a los pobres.
Con información de Proceso.
