Algo debe estar pasando con los regidores del ayuntamiento de Cozumel; algo como envenenamiento con metales pesados, especialmente con plomo; exposición prolongada al monóxido de carbono; que se hayan convertido en víctimas de la violencia intrafamiliar con atención especial a los golpes severos en la cabeza o algo similar. Pero en especial, llama la atención que, al pretender recuperar el orden y acabar con la impunidad de los taxistas, actúen con la tibieza, delicadeza y sometimiento de la pareja pasiva.
Un grave error cortesía de los regidores, podría complicar las cosas para el presidente municipal; por el momento, sólo ha sido un cortés llamado de la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo, pero las cosas podrían empeorar. Veamos.
La modificación al artículo 198 fracción 27 ¡del reglamento de Tránsito!, ahora dice que “hay que pedir permiso para manifestarse”. Es decir, un simplón reglamento contraviene a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 9° y lo más divertido, ese ramplón reglamento, contraviene un derecho humano.
Desde luego, una cosa es tener libertad para manifestar libremente ideas, inconformidades, malestares o simplemente alegría, y una muy distinta, organizarse entre tres o más delincuentes para tomar como rehenes a ciudadanos, autoridades y desde luego, a los turistas, a eso se le llama DELINCUENCIA ORGANIZADA.
Me explico. El contenido del artículo 9 determina; “Artículo 9o. No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada, tiene derecho de deliberar”.
El segundo párrafo delimita la legalidad; “No se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto, a una autoridad, si no se profieren injurias contra ésta, ni se hiciere uso de violencias o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee”.
Por otro lado, cuando estos taxistas se manifiestan en caminos federales y caminos de acceso a territorios federales como puertos aeropuertos, zona federal marítimo terrestre, terrenos nacionales, entre otros, el bloqueo de las vías federales de comunicación se convierte en un delito sancionado por el Código Penal Federal y amerita la cárcel para el delincuente; pero cuando esos sujetoides bloquean caminos de acceso y las zonas de estacionamiento y circulación de vehículos dentro del aeropuerto de Cozumel, la autoridad no atina a hacer más que permitirles que sigan hasta hartarse.
Si la autoridad convocara a los hoteleros, líneas aéreas y demás afectados por la impunidad de los taxistas para fincar responsabilidad a los chafiretes por el enorme daño económico que generan intencionalmente con sus bloqueos y con una sola vez que ello ocurriera, en verdad, los tipos no lo volverían a hacer.
Pero resulta que les tienen tal miedo a los mugrientos transportistas, que el propio Gerardo Arzate Jiménez, subdirector de Tránsito de Cozumel ha aceptado que las medidas están pensadas para enviar un mensaje a los taxistas para hacerles ver que, si piden permiso, la Dirección a su cargo podría diligentemente escoltarlos y brindarles seguridad.
Muy caro le va a salir al ayuntamiento de Cozumel haberse dejado llevar por la lujuria que representa legislar al mejor estilo del protagonista de la película “La Ley de Herodes”.
