Pues como decía Álvaro Carrillo: “y hoy resulta…”, que quienes han delinquido y lo siguen haciendo desde la Fiscalía General del Estado (FGE), armados desde luego con un amparo, a todas luces delincuencial, pretenden que se dé marcha atrás con las adecuaciones que se han hecho a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado a fin de que estos oscuros personajes, quienes abiertamente trabajaron en beneficio de los intereses mezquinos de Roberto Borge Angulo y Félix Arturo González Canto, lo sigan haciendo en beneficio propio y de la delincuencia organizada.
Lo cierto es que se debe analizar a detalle cuál es el papel que está desempeñando la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), instancia que pretende echar atrás una de las muy pocas reformas verdaderamente comprometidas con el bienestar del estado, hecha durante la XV Legislatura del estado.
Y es que desde la llegada del actual fiscal general, Óscar Montes de Oca Rosales, uno de los principales objetivos ha sido acabar con la corrupción al interior de la Fiscalía General del Estado (FGE) y para ello, no sólo se requiere fincar responsabilidades a los corruptos, además se trata de evitar que entren a laborar y depurar la plantilla, por ello las reformas a la Ley Orgánica de la dependencia.
Si tenemos buena memoria, los cambios que se hicieron en la FGE comenzaron justamente desde la propia Ley Orgánica y tenían como claro objetivo acabar con la terrible corrupción que imperaba en esa dependencia, a fin de poder nombrar a una persona que en los hechos estuviera comprometida con la transparencia de la FGE; recordará que se hizo un gran escándalo por el hecho de que se nombró a una persona que llegó desde la CDMX a encabezar los trabajos de procuración de justicia en el estado y, claro, los enemigos de la ciudadanía hicieron un buen escándalo porque cómo era posible que se nombrara a alguien ajeno a la ciudadanía quintanarroense, pero ese por sí mismo no era el quid del tema, el asunto era dejar que siguieran operando gentuzas tan cuestionables como el ex fiscal, Miguel Ángel Pech Cen, quien se encargó de liberar a cuanto criminal llegó detenido a la FGE.
Resulta que, hay más de 60 agentes de la Fiscalía General del Estado, entre Ministerios Públicos, Policía Ministerial y peritos, quienes reprobaron su examen de control y confianza, y quienes serán nuevamente evaluados, con el riesgo de ser dados de baja, si nuevamente fracasan, de éstos, 38 siguen trabajando para la fiscalía no obstante sus negros antecedentes, gracias a un amparo que les obsequió algún juez comprometido con la corrupción.
Con base en información que ha dado a conocer el actual fiscal, Óscar Montes de Oca, se trabaja en la forma de aplicar lo que ordena la nueva Ley Orgánica para conseguir que todos los integrantes de la dependencia cumplan con las exigencias del cargo.
Aunque el fiscal general no lo haga público, lo que resulta evidente es que estos tipos buscan que la Ley Orgánica sea descalificada, a fin de que quienes abiertamente operan en favor de la delincuencia organizada no sólo continúen en su cargo, sino que algunos más quienes han sido dados de baja, se reintegren.
Por ello, la pregunta de los 64 mil pesos es, en favor de quién trabaja la CNDH, sería interesante que la propia administración pública lo respondiera y, desde luego, la propia XVI Legislatura emita un extrañamiento a la dependencia federal, a fin de que explique cuáles son sus auténticos motivos.
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