La Pluma del Pueblo

Seamos claros. La Comisión de Agua Potable y Saneamiento (CAPA) es un ente paraestatal que se encuentra franca y evidentemente en quiebra. Que hay responsables, desde luego; que se tuvo que fincar sendas responsabilidades por que se fraguó el quebranto, absolutamente sí. Las dos administraciones anteriores, en atención a sus personalísimos intereses, generaron la caída. Es una constante ya conocida por todos nosotros de los arcaicos gobiernos priistas; así como se planeo desmantelar PEMEX o la CFE, de la misma manera se actuó en el detrimento de la CAPA.

Por otro lado, en este momento, bajo estas circunstancias, tratar de rescatar a la CAPA, es una misión que evidentemente se antoja imposible; en especial hoy, cuando el estado de Quintana Roo tiene en su “haber”, un recorte presupuestal federal superior a los 4 mil millones de pesos.

Mucho se ha hablado sobre el impacto real de este recorte, y es que, toda vez que los pocos recursos que llegarán, vienen perfectamente bien etiquetados o se depositarán a los “beneficiarios” de programas asistencialistas, de donde se recortan los dineros, es de la infraestructura y resulta que, el mantenimiento, rehabilitación y nuevas estructuras de las redes de distribución de agua potable, el alcantarillado y ulterior tratamiento de aguas residuales, son justo eso, infraestructura.

Y no crea usted que es un tema “menor”; en municipios como Othón Pompeyo Blanco (OPB, Chetumal), tan sólo la red de distribución de agua es tan vieja, que no existe ya capacidad de atender los graves desperfectos. Y qué decir del alcantarillado; tan solo en Chetumal, la tapadura de un colector generó recientemente que las aguas negras salieran de las cloacas.

Para colmo de todos los males, a toda esta muy compleja problemática de la CAPA, debemos sumar la complejidad de que los políticos hayan hecho un botín el asunto de Aguakan que es, al final, la única opción de inversión y posibilidad de resolver el tema del agua potable y alcantarillado en Quintana Roo.

Resulta obvio cómo estos personajes que tomaron como bandera el tema Aguakan, más allá de cuestionar, arengar y vilipendiar el trabajo de la empresa privada que por el momento sólo se encarga de los municipios de Isla Mujeres, Benito Juárez y Solidaridad, no incluyeron en sus discursos el análisis de lo que ocurre con la CAPA.

Sólo por poner un ejemplo; la senadora de la República, Marybel Villegas, quien se ha probado amplia y suficientemente sus tratos oscuros y lealtades a toda prueba con el exgobernador, Roberto Borge, no ha sido capaz de exigir que se investigue amplia y profundamente al gris personaje y que, en su caso, se le despoje de los dineros que ilegalmente amasó durante su administración.

Es más, desde la discusión de los más de mil millones de pesos que su administración recibió de la empresa y cuyo destino nunca se aclaró, con mucho cinismo, hay que decirlo, sólo atisba en el tema del porqué se hizo tal pago. La respuesta es simple; si la exigencia es de quien concentra en su sola persona el poder político, judicial, policial y económico, pues más le valía cumplir.

Las únicas opciones para salir de tan complejo problema, guste o no, están en la inversión de empresas privadas y es responsabilidad de los Cabildos buscar soluciones y soltar de una vez por todas el discurso político y el beneficio de sus grupos de poder.

Si en este momento se cancelara la concesión a Aguakan y se abriera a nueva licitación, difícilmente habría un interesado en invertir en toda la infraestructura que ya no sirve y exige renovar. Es un hecho que los municipios en los que trabaja la empresa no tengan los problemas en los que aún opera CAPA. Al tiempo.

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