TULUM, MX.- El acuerdo del cabildo en el que aprueba la revocación de un oficio No. DC/DTC/201/2013, en el cual ordena la apertura de acceso a la zona de playas de la localidad de Akumal con la utilización de la fuerza pública, es incompatible con todo Estado de Derecho y contribuye a crear inseguridad, inestabilidad social y económica, no sólo de Akumal, sino del estado, expresó el apoderado legal del Centro Ukana I Akumal A.C., Javier de Anda Morales.

El citado oficio tiene fecha del 26 de agosto de 2013, y el Programa de Desarrollo Urbano para el Poblado de Akumal 2007-2032 fue a partir del año 2007, es decir, en dicho programa se puede apreciar que a la altura del “hito de la fauna”, donde se encuentra ubicado el predio del citado Centro no existe acceso público o ventana al mar, luego entonces aun cuando dicho oficio estuviera equivocado, no justifica “la aparición de un acceso público a la playa” que nunca existió, de ahí que con el supracitado oficio no se demuestra un acceso público a la playa.

La propiedad privada de toda la zona costera de la Bahía de Akumal existe desde antes de 1962, por tanto las operaciones de compraventa de los inmuebles ubicados en dicha zona se han dado desde entonces entre particulares y nunca se han mezclado terrenos públicos, ni ejidales, ni terrenos nacionales, por tanto, cualquier diferencia de medición en sus superficies con motivo de la subdivisión interna de los mismos, ya sea inclusive catastral, no implica de ninguna manera posible el surgimiento de un acceso público o ventana al mar, pues no aparecen por arte de magia, de ahí que dado el caso, tales diferencias sólo afectarían intereses de los particulares colindantes, quienes son los que tienen el derecho legítimo de reclamar esa diferencia “sólo entre ellos mismos”.

Un derecho de propiedad es un derecho fundamental y humano tan relevante y trascendente que sólo puede ser perturbado mediante un pronunciamiento emitido por autoridad judicial competente y por escrito debidamente fundado y motivado, emitido por autoridad judicial competente que justifique la causa legal del procedimiento.

No así de la resolución de un cabildo que lejos de cumplir con la norma, pretende arbitrariamente confiscar un inmueble ajeno aprovechando el poder soberano que le da la fuerza pública.

La ilegal perturbación de una propiedad privada no só es una violación flagrante al Estado de Derecho, sino un exceso en el ejercicio de la administración pública, la cual tiene consecuencias legales de carácter administrativo y penal que en su momento se harán valer ante las autoridades competentes.

De igual forma, las decisiones tomadas por el cabildo de Tulum generan incertidumbre y falta de certeza jurídica, pero lo más grave es que la propia autoridad es la que crea condiciones de inestabilidad social en Akumal. Lugar en donde ya se han presentado hechos violentos y robos en la propiedad.

Por lo que responsabiliza al ayuntamiento de Tulum de los hechos violentos y robos a propiedad que se presenten en el Centro Ukana I Akumal, A.C, dado que con tales decisiones del cabildo es evidente que con ellas se hace creer a la comunidad que tiene un derecho de “acceso público” sobre una propiedad privada, que legalmente no tienen. (Por Esto Quintana Roo)