Las 500 hectáreas de lo que hoy es la colonia “Luis Donaldo Colosio”, originalmente pertenecieron a una persona de origen hondureño, no a Francisco Rangel Castelazo y su esposa Ofelia González Witt.
Copia del documento, avalado por el entonces Jefe de Departamento Sagrado y Colonización de la Dirección General de Terrenos Nacionales, que data de 1962, fue entregado esta mañana al presidente Andrés Manuel López Obrador, aprovechando su visita, por Marciano Toledo Sánchez.
El líder del movimiento “28 de Julio”, también entregó copia del expediente donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que estos terrenos eran del fundo legal, demostrando así, que la Desarrolladora de la Riviera Maya (Derimar) creada por el ex gobernador Joaquín Hendricks Díaz y los particulares, era ilegal y no debió cobrar los predios de las familias que aquí se asientan.
“Ha habido una injusticia muy grave, en 1994 no fue invasión, fue ocupación permitida porque eran terrenos del fundo legal que se quería apropiar Castelazo y Ofelia González Witt y que de ese tiempo para acá se entabló un pleito legal entre el Gobierno del Estado y esta persona que se decía posesionario del terreno”.
López Obrador, quien se dirigía al evento oficial en Ciudad Juventud de la colonia Bellavista, donde entregó títulos de propiedad y anunció la regularización de esta la “Luis Donaldo Colosio”, se detuvo en el filtro policíaco de la carretera de cuota El Tintal-Playa del Carmen, para recibir el expediente.
“Entregamos los antecedentes de cómo se fue fraguando todo esto para apoderarse de los terrenos; lo más grave, sabiendo el gobernador (Joaquín Hendricks) que era fundo legal, le permitieron e hicieron la empresa espuria”.
Por sino bastará, denunció que los gobiernos anteriores, con dinero del pueblo, metieron servicios que la Desarrolladora cobró como si lo hubieran metido ellos.
“Lo que ha hecho la Desarrolladora está documentado y se le entregamos al presidente Andrés Manuel López Obrador, donde se determina que desde un principio pertenecieron a una persona hondureña que vendió y ha habido cosas ilegales”, expuso, “en su momento le dio la razón la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que era fundo legal las 500 hectáreas, que se dividieron como pastel y no obstante se quedaron la tercera parte; están esquilmando a la gente como negocio particular”.
