Cancún, Q. Roo.- Representantes de organismos empresariales expresaron su rechazo a la iniciativa, actualmente en el Congreso del Estado, para aumentar el cobro del Derecho de Saneamiento Ambiental.
Esta medida sería de acuerdo al número de personas, en lugar de habitaciones.
Roberto Cintrón Díaz, presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres comentó que en reuniones con touroperadores, aerolíneas y todo el medio turístico, existe gran preocupación por este posible incremento, ya que disminuirá la competitividad de este destino turístico.
El líder hotelero señaló que, además de “no ser la forma”, pues la iniciativa fue presentada de manera sorpresiva en periodo de receso, se trata de un nuevo intento para “golpear a lo que le da de comer al estado, a su única industria, que es el turismo”.
La iniciativa, ingresada por el diputado José de la Peña, presidente de la Comisión de Hacienda, propone que además del 30% de una Unidad de Medición y Actualización (UMA) que se paga por cada habitación ocupada, se tendrá que cobrar un 15% adicional por una segunda, tercera y cuarta persona que también se hospede en ella.
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La medida encarecería el costo de las habitaciones y pondría a Cancún en desventaja frente a otros destinos, señaló Cintrón Díaz, quien no descartó recurrir al amparo.
De proceder este cobro de derecho ambiental por persona, es dinero que “se les quitará de los bolsillos de los turistas y dejará de llegar a las propinas o a las cuentas que paguen”, mencionó.
Dijo que ya cuentan con el apoyo de Mario Machuca, dirigente de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC).
Iván Ferrat Mancera, presidente del Consejo Coordinador Empresarial del Caribe (CCE) comentó que se trata de un incremento desproporcionado, que no fue socializado con el sector empresarial ni siquiera votado en Cabildo.
En lugar de ello, es presentado directamente en el Congreso del Estado por José de la Peña, de la misma manera como antes hizo con el cobro de contenedores de basura.
“Quieren ‘madrugarnos’ con estas iniciativas”, afirmó, Ferrat Mancera.
Eduardo Galaviz Ibarra, presidente de la Asociación de Plazas Comerciales, también denunció la pretensión de imponer un “permiso ambiental de operación” cuya obtención costará hasta 400 UMAs.
“Cada actividad tendrá una clasificación, que ignoramos cómo llegaron a ellas; esto es sujeto de amparo porque no hay claridad”, afirmó.
También señaló que se exenta de este pago el primer año de operación, al parecer para favorecer a cierto casino que impulsa el diputado del PVEM.
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