La solicitud de juicio político promovida por socios conductores de Uber contra funcionarios estatales ha sido ratificada por el Congreso del Estado, así lo informó Hugo Alday Nieto, diputado presidente de la Comisión de Justicia. Ahora el proceso seguirá y se decidirá más adelante si procede o no.
Fue este día que el legislador y los socios conductores de Uber dieron una rueda de prensa para hablar del tema.
“La solicitud de juicio político presentada por varios ciudadanos contra funcionarios del estado obliga a que en los tres días posteriores a que se presente se haga la ratificación en presencia del presidente de la Comisión de Justicia. En este sentido la reunión que tuvimos el día de hoy fue para analizar y leer las pruebas que se ofrecieron. Se hizo un acta que es la que se firma y cada parte se lleva la suya”, explicó en conferencia de prensa el legislador.
Y dijo que a partir de aquí “ya corre el plazo para que la Comisión de Justicia después del 15 de febrero iniciará el segundo periodo de sesiones del primer año para que se pueda llevar a cabo el dictamen correspondiente”.
Reiteró que se revisarán las pruebas para ver si procede el juicio político. Y en caso de proceder se turnará al Pleno, el cual formará una comisión instructora y tomará las determinaciones necesarias. Se espera atender el tema a la brevedad.
CONFÍAN EN EL DIPUTADO
Sobre si confían en que proceda esta demanda de juicio político contra los funcionarios estatales, Carlos Calzado, uno de los socios conductores, respondió que sí, que tienen confianza en Hugo Alday, quien los contactó en cuanto metieron su solicitud.
“Lo que queremos dejar en claro que no es un tema personal; no es así, pero sí tiene que ser un ejemplo de lo que no deben hacer los funcionarios, porque como ciudadanos estamos hartos de que se estén vendiendo a otros intereses y dando la espalda a la gente”, añadió.
Águeda Esperilla Soto, vocera de los socios conductores, dijo que hay un conflicto de interés de Rodrigo Alcázar y Erika Castillo. Y afirmó que desde su posición de funcionarios solo benefician a un grupo, en este caso a los taxistas.
“A todos nos piden cosas, y está bien. ¿Pero por qué a ese grupo (los taxistas) lo excluyen de las exigencias?”, cuestionó.
Y es que dice que no entiende por qué les piden que paguen impuestos a conductores de Uber y repartidores, pero a los taxistas no les exigen nada, pues muchos no declaran nada de sus ganancias. Ahí es donde afirma, se nota el conflicto de interés y la parcialidad.
Carlos Calzado recordó que siguen pidiendo la renuncia del fiscal de Quintana Roo, pues no ha atendido sus denuncias. Y denunció que ayer incluso hubo un nuevo incidente de acoso de taxistas a un Uber que llevaba turistas a bordo.
REZAGADOS, 18 JUICIOS POLÍTICOS
En más sobre los juicios políticos, Hugo Alday señaló que el Congreso de Quintana Roo heredó 18 solicitudes de anteriores legislaturas, las que están pendientes. La mayoría son contra ex funcionarios de Borge y corresponden a ese periodo. Y solo hay dos casos de la administración anterior.
Y a ellos hay que agregar las solicitudes más recientes, como la del juicio contra el titular del Imoveqroo y otras funcionarias estatales.
El diputado del PT dijo también que así como el primer año de la legislatura trabajaron para reformar el Código Civil, ahora planean hacer lo mismo pero con el Código Penal.
“El juicio político entiendo, como todos ustedes también lo comprenden, es un tema que al que al desaparecer en algunos casos el fuero (porque dejan de ser funcionarios) pues se tiene que modificar sustancialmente el proceso del juicio político. Y también estamos en vías de ello, en hacer una ley específica que tenga los tiempos muy claros, que tengan los términos bien establecidos, que tenga el procedimiento más transparente para poder desahogar también aquellos 18 juicios políticos que nos fueron heredados de las anteriores administración”, detalló el diputado en entrevista.
“Ya les hemos dado una revisada, lo único que procede es la ratificación de acuerdo al Artículo 14 de de la Ley de Responsabilidad de Servidores Públicos y a partir de ahí ya se tomará por parte de la Comisión para analizar artículo quinto y sexto que es la procedencia”, agregó Hugo Alday.
Dijo que será cuando sesione la Comisión que se determine si son viables o no. Algunos ya no lo serían, por ejemplo, porque los promoventes han fallecido, o por otras situaciones.
Recalcó que hay muchos pendientes más en la Comisión de Justicia, aunque ya se ha avanzado en temas como la interrupción legal del embarazo, la usurpación de identidad e iniciativas al respecto en materia de extorsión.
Finalmente, y volviendo al tema de la Movilidad, dijo que la Comisión encargada de ese tema en el Congreso ha sostenido diversas reuniones y pronto podría hacer anuncios importantes, tanto en el tema de las plataformas, de los mototaxis, repartidores y más.
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Y apuntó que la Legislatura trabaja a marchas forzadas, pues saben que hay muchos pendientes de anteriores legislaturas y es poco el tiempo que permanecen en el cargo como diputados.
