Escala a una nueva etapa el conflicto entre los empresarios Marciano Toledo Sánchez y Eduardo Solís Preciat, por la propiedad del terreno Balam-Tun de 250 hectáreas.
Luego de que el apoderado legal del segundo, Carlos Góngora González, aseguró que a través de la empresa Agregados y Bloques del Carmen, ABC, contaban con el falló a favor de los tribunales y las autorizaciones en materia ambiental para el desmonte de vegetación, la PROFEPA clausuró el predio.
Por realizar actividades de cambio de uso de suelo en terrenos forestales sin contar con estudios de impacto ni el permiso correspondiente, la dependencia federal determinó aplicar dicha medida.
A través de una visita de inspección, se cuantificaron daños al ecosistema de selva baja en ese lugar. En la superficie impactada de 44 mil 280 metros cuadrados fueron removidos más de 600 árboles por hectárea, utilizando maquinaria pesada de tipo oruga, observándose restos de ramas, puntas, troncos y tocones que fueron apilados a la orilla del área afectada.
Se estima que la reparación del daño ecológico en esta zona podría llevar a la naturaleza más de 100 años para resarcirlos.
Los inspectores de la PROFEPA constataron la apertura de brechas para el diseño de caminos y vialidades, aprovechando que el terreno se encuentra próximo al fraccionamiento “La Guadalupana” y a los asentamientos “Cristo Rey” y “Jacinto Canek”.
Especies como Tzalam, Chechem, Jabin y Palma Chit enlistadas en la NOM 59 fueron afectadas. En dicho ecosistema habitan el jaguar, el mono araña y la iguana rayada, animales en peligro de extinción.
La sanción que podría recibir Eduardo Solís Preciat alcanzaría hasta los 50 mil días de salarios mínimos y de 1 a 9 años de prisión.
