El gobierno de Javier Milei en Argentina se encuentra en el centro de la polémica tras la publicación de un documento oficial en el que se emplean términos ofensivos como “idiota”, “imbécil” y “retardado” para referirse a personas con discapacidad intelectual. La medida ha desatado indignación entre organizaciones de derechos humanos y la sociedad civil.
La polémica se generó a raíz de la Resolución 187/2025 de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), la cual establece los criterios para determinar los grados de discapacidad y, en consecuencia, la posibilidad de acceder a una pensión por parte del Estado. Este documento ha sido fuertemente criticado por utilizar una terminología obsoleta y discriminatoria.
El texto, firmado por Diego Spagnuolo, titular de la ANDIS y exabogado personal de Milei, revive términos que han sido descartados por la comunidad médica y académica debido a su connotación negativa. Además, esta normativa se enmarca dentro de una estrategia gubernamental de reducción del gasto público, lo que podría traducirse en la cancelación de al menos 200 mil pensiones destinadas a personas con discapacidad.
La resolución clasifica los distintos niveles de discapacidad intelectual basándose en pruebas de Coeficiente Intelectual (CI), un método ampliamente cuestionado.
Según el documento, las categorías incluyen: “0-30 (idiota): no desarrolla lenguaje, no sabe leer ni escribir, no reconoce el dinero”; “30-50 (imbécil): no sabe leer ni escribir, puede realizar tareas básicas”; y “50-60 (débil mental profundo): maneja un vocabulario limitado, firma su nombre y puede hacer labores rudimentarias”.
Organizaciones alzan la voz contra la medida
Distintas asociaciones en defensa de los derechos de las personas con discapacidad han manifestado su rechazo a esta clasificación. Ana Dones, portavoz de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), señaló en una entrevista con el medio argentino Página/12 que esta medida representa un grave retroceso en materia de derechos humanos.
Repudio a las expresiones discriminatorias de una resolución de la Agencia Nacional de Discapacidad
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— 📣ASDRA SíndromeDown (@sindromedown) February 27, 2025
“Es un retroceso sin precedentes en materia de derechos y grafica lo que los funcionarios libertarios están haciendo con nuestro colectivo: nos ajustan y nos persiguen”, expresó Dones.
Por su parte, la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA) también condenó la resolución, destacando que su contenido va en contra de los principios de respeto e inclusión promovidos por la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por Argentina en 2008 mediante la Ley 26.378.
“La terminología utilizada en este documento no solo es inadecuada, sino que atenta contra décadas de lucha por la equidad y la dignidad de las personas con discapacidad. Definir la discapacidad con términos que fomentan la exclusión es un grave error”, enfatizó la organización en un comunicado.
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El gobierno responde a las críticas
Esta no es la primera vez que la administración de Milei genera controversia en torno a la discapacidad. Hace un año, el gobierno restableció un decreto de los años 90 que reincorporaba la palabra “invalidez” en la clasificación de discapacidad, pese a que había sido descartada en 2004 por su carácter discriminatorio.
Ante la creciente ola de críticas, el gobierno argentino ha anunciado que revisará la redacción de la normativa y eliminará los términos cuestionados. Sin embargo, muchos sectores de la sociedad consideran que esta modificación no es suficiente y exigen un cambio estructural en las políticas de discapacidad del país.
Con información de El Heraldo de México.