Luego de que el jueves pasado se anunciara la aprobación de la Cámara de Diputados para aumentar 98% los impuestos a los turistas extranjeros que visitan México, la Cámara de Senadores logró frenar la negociación durante la discusión del Paquete Económico 2020.
La Reforma a la Ley Federal de Derechos, aprobada por la Cámara de Diputados, estipulaba que los turistas que visitaran México por la vía aérea deberían pagar 380 pesos por el Derecho de Servicios Migratorios (DSM), que actualmente tiene un precio de 77.91 pesos.
Mientras que el Derecho de No Residente (DNR) costaría 885 pesos; cuando normalmente cuesta 558.26 pesos, con los recursos obtenidos de este rubro se utilizarían utilizados para la construcción del Tren Maya, obra estandarte del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Con los dos aumentos el turista extranjero iba a pagar un total de 1,265 pesos sólo por el boleto de avión.
De acuerdo con los diputados al aumentar los montos se podría atender de manera más eficiente los trámites, además de mejorar mecanismos de control, satisfacer las necesidades de operación y fortalecer la seguridad nacional.
Sin embargo, organismos como el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero) y el Consejo Mexicano del Transporte, advirtieron que dichos aumentos harían de México un país menos competitivo a nivel internacional en materia turística.
“México perdería competitividad como destino turístico y de negocio frente a países con menores cargas tributarias”, argumentaron los organismos. De haberse aprobado la reforma, el país se convertiría en uno con los impuestos más elevados a turistas en el mundo.
Por ello el Senado de la República tomó en cuenta la opinión de los organismos turísticos y decidió frenar el alza a las tarifas migratorias, “el grupo parlamentario de Morena fue sensible a escuchar las preocupaciones del sector aeronáutico y turístico”, dijo la fracción parlamentaria del partido en la sesión que inició el jueves 24 y acabó el viernes 25 de octubre.
Y agregaron “Haber aprobado las propuestas en los términos de la Cámara de Diputados, hubiera implicado una pérdida de competitividad como destino turístico y de negocios frente a países con menores cargas tributarias; los más afectados sería los migrantes que utilizan transporte aéreo para regresar a sus lugares de origen y visitar a sus familiares”.
Entre los senadores que también rechazaron el aumento a las tarifas, fue el ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, Mayuli Martínez Simón, así como también Luis Alegre Salazar, diputado presidente de la Comisión de Turismo, quien aseguró que la iniciativa de la Secretaría de Hacienda no fue consultada con los expertos del sector. Él no votó por la reforma.
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Finalmente, en el dictamen de la Ley Federal de Derechos se estipuló en el artículo 18-A que 20% de los ingresos que se recauden de estos procedimientos turísticos, serán destinados al Instituto Nacional de Migración. El resto deberá ser usado para estudios, proyectos e inversión en infraestructura que solicite el gobierno federal.
