Ha entrado en vigor la “Ley Censura”, que oficialmente ha sido llamada la Ley de Ciberseguridad. Activistas alertan del riesgo que esto implica en los estados de Puebla y Campeche, donde sus gobernadores, ambos morenistas, hicieron todo lo posible para validarla.
Por ejemplo, en Puebla, se ha configurado un nuevo delito denominado “ciberasedio”, el cual propone hasta tres años de cárcel a quien “insulte” u “ofenda” en redes sociales.
Gracias a la publicación de la”Ley Censura” en el Periódico Oficial del Estado y a una definición sumamente ambigua se podría silenciar a periodistas, críticos e incluso a ciudadanos inconformes. Quejarse de los políticos sería considerado un delito.
El artículo 480 de la “Ley Censura” publicada en Puebla dice:
“Comete el delito de ciberasedio quien a través de la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, redes sociales, correo electrónico o cualquier espacio digital insulte, injurie, ofenda, agravie o veje a otra persona, con la insistencia necesaria para causarle un daño o menoscabo en su integridad física o emocional.
A la persona responsable de la conducta descrita en el párrafo anterior se le impondrá la pena de 11 meses a tres años de prisión y multa de 50 a 300 días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente en el momento de la comisión del delito.
Cuando la víctima sea menor de edad, se presumirá el daño a la dignidad por tratarse de una persona en desarrollo psicoemocional y físico, y la sanción se aumentará desde una tercera parte de la pena mínima, hasta dos terceras partes de la pena máxima”, dice el artículo.
Como se puede ver, sería muy fácil que un político denuncie que una nota o comentario atenta contra su dignidad para hacer bajar esa publicación. Y según esta peligrosa ley, en caso de no hacerlo la gente podría ir hasta tres años a la cárcel en Puebla.
EL CASO DE LAYDA SANSORES EN CAMPECHE
Por su parte, en el caso de la “Ley Censura” en Campeche, estado gobernado por Layda Sansores, ya hay casos de periodistas afectados por esta ley que busca silenciar a la ciudadanía.
La jueza Guadalupe Martínez Taboada vinculó a proceso al periodista Jorge Luis González y al representante del diario Tribuna, Isidro Yerbes.
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Han sido acusados de “incitar al odio” contra la gobernadora por hacer publicaciones críticas contra su administración.
La sanciones incluyeron el cierre del medio digital Tribuna, la prohibición al reportero de ejercer el periodismo y una indemnización millonaria por supuesto daño moral contra Layda Sansores.
Ese es el panorama que le espera a México con la “Ley Censura“. Por ello activistas alertan de la gravedad de la situación. Lo que los políticos buscan es silenciar toda crítica contra ellos.
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